- La Suprema Corte de Estados Unidos propinó un revés a la política comercial del presidente Donald Trump al invalidar los aranceles que había impuesto. El tribunal concluyó que la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) no le concede autoridad para establecer tarifas de manera unilateral, ni siquiera bajo el argumento de una emergencia nacional.
En su resolución, la Corte determinó que los gravámenes aplicados por la Casa Blanca —tanto los relacionados con el combate al tráfico de drogas como los llamados "recíprocos" frente a déficits comerciales— rebasaron las facultades delegadas por el Congreso y contravinieron el esquema constitucional que reserva al Poder Legislativo la potestad de crear impuestos.
- El punto central del debate fue si la IEEPA, promulgada en 1977, permite al mandatario "regular la importación" en un sentido que incluya la imposición de aranceles. El Gobierno argumentó que los términos "regular" e "importación" en la Sección 1702(a)(1)(B) implicaban una delegación amplia que facultaba al Presidente a fijar tarifas sin límites de monto, duración o alcance geográfico.
- Sin embargo, la Corte rechazó esa interpretación y recordó que la Constitución, en su Artículo I, Sección 8, otorga al Congreso la facultad de "establecer y recaudar impuestos, derechos, contribuciones y gravámenes", lo que abarca de manera clara los aranceles. Subrayó que el poder de imponer tarifas forma parte del poder tributario y que los Fundadores no asignaron al Ejecutivo ninguna porción de esa atribución fiscal.
- Asimismo, puntualizó que cuando el Congreso ha delegado facultades en materia arancelaria, lo ha hecho con términos expresos y límites definidos en cuanto a montos, plazos y procedimientos. En contraste, la IEEPA no menciona "aranceles" ni "derechos aduaneros", sino que autoriza al Presidente a investigar, bloquear, regular o prohibir transacciones vinculadas con bienes extranjeros ante "amenazas inusuales y extraordinarias".
Para la mayoría, equiparar el verbo "regular" con la facultad de "imponer impuestos" implicaría encubrir una cesión de la potestad originaria de gravar bajo un término genérico, algo que consideró jurídicamente insostenible.