- Grupos delictivos han extendido su influencia sobre la venta y distribución de refrescos y bebidas en distintos estados, imponiendo cuotas, controlando rutas de reparto y obligando a comerciantes a comprar mercancía a través de intermediarios vinculados al crimen.
La distribución de refrescos y otras bebidas en diversas regiones de México enfrenta cada vez más la intervención de grupos criminales, que han logrado infiltrarse en distintas etapas de la cadena comercial mediante extorsiones, cobro de cuotas y control territorial.
De acuerdo con reportes documentados en varias entidades del país, los grupos delictivos exigen pagos a transportistas y repartidores para permitir el ingreso de mercancías a determinadas comunidades. Estos costos adicionales terminan trasladándose al consumidor final mediante incrementos en los precios de los productos.
Uno de los casos más visibles se registra en municipios de Michoacán, donde comerciantes denuncian que los productos deben pasar por bodegas controladas por organizaciones criminales antes de llegar a los puntos de venta.
En algunos lugares, los negocios ya no pueden adquirir directamente la mercancía de las empresas distribuidoras, sino que están obligados a comprarla a intermediarios vinculados con estos grupos.
Además del control sobre la distribución, las organizaciones criminales también mantienen presencia en carreteras y accesos estratégicos, donde imponen cobros a los vehículos de carga para permitir su circulación. Esta práctica ha generado afectaciones tanto para las empresas como para los pequeños comerciantes.
Diversos grupos delictivos han sido señalados por participar en esquemas de extorsión, robo de mercancía y control de mercados locales en estados como Michoacán, Guerrero, Estado de México, Veracruz, Sonora, Baja California, Guanajuato y Tamaulipas.
Especialistas advierten que este fenómeno se presenta con mayor intensidad en municipios con altos niveles de marginación y limitada presencia institucional, donde las organizaciones criminales aprovechan las condiciones de vulnerabilidad para ampliar su control económico.
La situación ha provocado que algunas compañías enfrenten dificultades para operar en determinadas zonas del país. En casos extremos, la violencia y las constantes extorsiones han derivado en la suspensión de operaciones y el cierre de instalaciones, afectando el abasto regular de productos y la actividad económica local.
El avance de estas prácticas refleja cómo el crimen organizado ha diversificado sus fuentes de ingresos, extendiendo su influencia más allá de actividades ilícitas tradicionales para intervenir en mercados legales y sectores de consumo cotidiano.