Con el fin de proteger a los usuarios frente a prácticas abusivas de plataformas digitales, la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para garantizar que las personas puedan cancelar suscripciones, membresías o servicios en línea de forma inmediata y sin cargos adicionales.
La propuesta busca poner fin a los obstáculos que enfrentan los consumidores al intentar darse de baja de plataformas de películas, música, videojuegos, aplicaciones móviles y otros servicios digitales, donde los procesos de cancelación suelen ser confusos o restrictivos.
- Aunque ya existen disposiciones en la Ley Federal de Protección al Consumidor y el Código de Ética en Materia de Comercio Electrónico, el proyecto legislativo advierte que persisten prácticas que vulneran los derechos de quienes contratan servicios con cobros periódicos.
El documento señala que estos obstáculos se han intensificado en los últimos años, por lo que se requiere un marco normativo más sólido que establezca reglas claras, proteja los datos personales y restituya el control al consumidor sobre sus decisiones de consumo.
Cambios propuestos en la leyLa iniciativa, enviada a comisiones para su análisis, plantea modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor para incluir obligaciones específicas para proveedores de plataformas digitales:
Informar de manera clara y accesible si el servicio implica pagos automáticos recurrentes, su monto, periodicidad, fecha y condiciones.
Solicitar el consentimiento expreso e informado del consumidor antes de cualquier cobro recurrente.
Notificar al usuario al menos cinco días naturales antes de una renovación automática y ofrecer la opción de cancelarla sin penalizaciones.
Establecer mecanismos efectivos que permitan cancelar la suscripción, servicio o membresía de forma inmediata y sin complicaciones, incluso si hay contratos vigentes.
Protección ante prácticas abusivasLa propuesta legislativa responde a la necesidad urgente de actualizar el marco jurídico actual, brindando a las personas consumidoras herramientas eficaces para exigir sus derechos, especialmente en el contexto de contrataciones digitales.
Como ejemplo de los abusos señalados, se menciona el caso de una empresa que ofrece telefonía, internet y contenido en streaming, la cual notificó unilateralmente un cambio en las condiciones contractuales. Esta decisión provocó inconformidad en redes sociales y llevó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a intervenir.
En un comunicado emitido el 8 de mayo, la Profeco aclaró que los clientes que no acepten los nuevos términos de Totalplay tienen derecho a mantener el contrato original.
Finalmente, el documento legislativo advierte que las restricciones que imponen algunas plataformas al momento de cancelar servicios violan los derechos de los consumidores, quienes terminan siendo tratados como "rehenes" de sistemas opacos y abusivos.