La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció este martes que existe la posibilidad de que el llamado "Plan B" de la reforma electoral no sea aprobado en el Senado de la República, y subrayó que no conoce el sentido del voto de las y los senadores que decidirán su destino.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria indicó que el Ejecutivo ya cumplió con su obligación de enviar la iniciativa al Congreso y que, a partir de ahí, la decisión recae en el Poder Legislativo:
"PLAN B" PARA RECORTAR PRIVILEGIOS Y REORIENTAR RECURSOSSheinbaum defendió que el objetivo central del Plan B es reorientar recursos públicos hacia programas sociales e infraestructura, reduciendo privilegios en el sistema político‑electoral:
La presidenta criticó, además, los altos ingresos de algunos funcionarios electorales y legisladores, y planteó una pregunta que retoma un límite consagrado en la Constitución:
LEGISLADORES ANTE EL ESPEJO DE SUS VOTOSEn el plano político, Sheinbaum dejó claro que el proceso legislativo permitirá medir, explícitamente, la postura de los partidos frente a la reforma:
La mandataria admitió que su gobierno contempla la posibilidad de que el Plan B no avance, como ocurrió con la reforma electoral previa rechazada en la Cámara de Diputados, y reconoció que el Senado tiene margen de decisión sin que el Ejecutivo pueda asegurar su resultado.
CONTENIDO CENTRAL DEL "PLAN B"La propuesta que se discutirá en el Senado incluye, como ejes centrales, la reducción de privilegios en el sistema político‑electoral, con ajustes a salarios y gastos de funcionarios, así como la disminución de estructuras en gobiernos locales y congresos para liberar recursos hacia obras públicas y programas sociales.
También plantea flexibilizar la revocación de mandato, al permitir que se realice en el tercer año de gobierno, y no únicamente en el cuarto, como contempla la norma actual, siempre que se cumplan los requisitos constitucionales.
- Con ese margen, el "Plan B" aparece como una revisión de la propuesta original, más ajustada a la posibilidad de consensos, pero con el mismo fondo: recortar gastos considerados excesivos y reforzar la percepción de que el dinero público debe llegar directamente a la población.