A partir de este jueves, el Gobierno de Tabasco pone en marcha una nueva ofensiva legal contra el crimen.
Con la entrada en vigor del Decreto 234, que expide la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE) han iniciado una cuenta regresiva de 90 días hábiles para estructurar sus estrategias de combate.
El decreto, publicado este miércoles por el gobernador Javier May Rodríguez en el Periódico Oficial del Estado, mandata acciones inmediatas para desarticular este delito.
La FGE deberá crear y poner en operación la Fiscalía Especializada en Materia del Delito de Extorsión. Mientras se concreta su apertura, la actual Fiscalía de Combate al Secuestro y Extorsión seguirá atendiendo los casos.
La SSPC tiene el mismo plazo para presentar la Estrategia para Combatir y Prevenir el Delito de Extorsión, que servirá como eje rector de las políticas de seguridad en la entidad.
Blindaje en centros penitenciarios- Uno de los puntos más críticos de la nueva ley es el control de las cárceles. El documento otorga a la SSPC un plazo de 180 días hábiles para implementar tecnologías que inhiban la entrada y salida de llamadas celulares, radiocomunicación y transmisión de datos en todos los penales del estado, buscando erradicar las extorsiones telefónicas que se originan desde el interior.
A pesar de la magnitud de la reestructuración, el decreto es claro en el aspecto financiero: no habrá recursos extraordinarios. Tanto la Fiscalía como la SSPC deberán cubrir la capacitación del personal y la puesta en marcha de estas unidades con cargo a sus presupuestos ya aprobados para el presente ejercicio fiscal.