El mes pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación formal en contra de tres universidades públicas del Estado de México, Sinaloa y Tabasco, por su presunta participación en desvio de más de 300 millones de pesos del erario bajo el esquema fraudulento conocido como “La Estafa Maestra”.
Las carpetas de investigación se iniciaron a partir de 10 denuncias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó directamente en contra de dichos planteles el pasado 23 de julio.
Los recursos desviados fueron asignados con convenios, sin licitaciones, por varias dependencias federales entre ellas Petróleos Mexicanos.
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Los planteles denunciados penalmente son la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM); la Universidad Politécnica de Sinaloa; y la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU) en Tabasco.
La ASF presentó una denuncia en contra de la UTU, por presuntos hechos de corrupción que dieron paso a un quebrante cercano a los 54 millones de pesos.
Los malos manejos reportados en este plantel estatal son resultado de los convenios específicos que firmó en 2018 con Pemex y, en específico, con su filial de Exploración y Producción. Esto durante el gobierno de Arturo Núñez.