El Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) a través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), llevó a cabo el circulo de reflexión: Prevención del Feminicidio en la Adolescencia, con el objetivo de coadyuvar en la erradicación de la violencia en contra de este género.
De acuerdo con la psicóloga Juana Guadalupe Montero Carrera, profesionista de PAIMEF, es importante que la sociedad en su conjunto, se interese en garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
Citó que de acuerdo a la ONU, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendida, arraigada y tolerada en el mundo. Es, a la vez, un motivo de vergüenza para todas nuestras sociedades y un obstáculo importante para el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible.
Montero Carrera, indicó que para abordar la violencia feminicida en niñas y adolescentes, es necesario hacer un análisis amplio sobre las violaciones a todos sus derechos, ya que la vulneración de estos es uno de los factores de riesgo que las condiciona a padecer distintas formas de discriminación.
Destacó que es prioritario fortalecer la capacidad de las instituciones para prevenir, investigar y castigar el asesinato de niñas y adolescentes por razones de género y ofrecer reparaciones al respecto.
La psicóloga Juana Guadalupe a su vez, pidió a las mujeres tomar en cuenta el “Violentómetro”, creado por el Instituto Politécnico Nacional en 2009, como una herramienta que permite estar alerta y detectar cualquier manifestación de violencia por parte de sus parejas, así como en ámbitos sociales, laborales y familiares.
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Compartió que el “Violentómetro” contiene una clasificación de las diversas manifestaciones de violencia en la pareja, un material gráfico y didáctico en forma de regla que consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana y que muchas veces se confunden o desconocen.
Pidió estar alerta, y no considerar que la violencia y el amor son compatibles (o que ciertos comportamientos violentos son una prueba de amor), ya que los celos, el afán de posesión y/o los comportamientos de control, son hechos violentos que pueden terminar en un hecho fatal.
Nivel 1: ¡Ten cuidado!, se encuentran las bromas hirientes, el chantaje, mentiras, engaños, celos, ignorar, descalificar, hay humillaciones en público, controlar y prohibir amistades o familiares.
Nivel 2: ¡Acciona!, no te dejes destruir; la violencia aumenta a través de destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear “jugando”, pellizcar, arañar, empujar o jalonear.
Nivel 3: ¡Necesitas ayuda profesional! Las mujeres son víctimas de violencia física, abuso sexual, amenazas con objetos o armas, violaciones, mutilaciones y acciones que pueden llevar a la muerte.
Reiteró que esta herramienta permite detectar las manifestaciones más sutiles de violencia como bromas, chantajes, celos, y humillaciones en público; posteriormente, manoseos, caricias agresivas, golpes “jugando”, empujones, jalones y, en el último rubro, amenazas con objetos o armas, amenazas de muerte, abuso sexual y violación, hasta llegar al asesinato.
En representación de la directora general Nelly Vargas Pérez, el director del PAIMEF, Iván Sánchez, consideró que poner fin a la violencia contra las mujeres es prioritario no sólo porque atenta contra su sano desarrollo y representa una grave violación a sus derechos humanos, sino porque además, limita la construcción de una sociedad pacífica, incluyente y justa.
Lamentó que todas las mujeres y las niñas del mundo, sin importar su origen, edad, condiciones sociales, religión, identidad de género u orientación sexual, estén expuestas al riesgo de ser víctimas de violencia. Sin embargo, la intersección de diferentes variables, como la situación de pobreza, la pertenencia étnica, la condición de discapacidad y el estatus migratorio, entre otras, aumenta su vulnerabilidad y las condiciona a enfrentar barreras adicionales para acceder a la justicia o a servicios de apoyo.