A la redacción de esta casa editorial se presentó el contador Carlos Eugenio Gómez, quien indica que debido a que no se prestó a conducirse de manera ilícita en la administración de la empresa de horchatas La Mestiza, fue acusado de diversos fraudes.
Además, su familia ha sufrido acoso sin tener ninguna relación con los supuestos agraviados, por lo que ha tenido que él usar sus recursos para pagar un abogado que lo defienda de delitos que él no cometió, por ello solicita protección de las autoridades y de Derechos Humanos.
De acuerdo a la denuncia interpuesta por el contador originario del Estado de Yucatán, fue privado de su libertad para que por medio de torturas él firmará una serie de documentos que lo implicaban en diversos delitos de fraude.
En aquella ocasión fue brutalmente golpeado al grado de que lo dieron por muerto y según la denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la República, donde quedaron asentados nombres de quienes habrían participado en su plagio.
Sin embargo, al paso de los daños ante el juzgado penal de Cárdenas se recibió una consignación de averiguación previa, misma que a la causa se le dio el número de expediente 013/2017, por el delito de Fraude cometido supuestamente en agravio de José López Hernández y otras personas a quienes supuestamente les compró insumos para la elaboración de horchatas de la marca La Mestiza, más presuntamente nunca les pagó.
Dichos hechos nunca los cometió y asegura que fueron fabricados en su contra, pues a pesar de que aportó al momento de rendir su declaración preparatoria presentó elementos suficientes para comprobar su inocencia el juez en materia de la sala penal en Cárdenas este martes por la tarde le dictó auto de formal prisión en su contra, para que diera inicio al proceso penal.
A pesar de Carlos Eugenio considera que se está actuando de manera arbitraria en su contra, confía en el buen juicio de las autoridades, para que por medios de las pruebas que presente su defensa pueda comprobarse su inocencia y sea absuelto de las acusaciones ya que, pese a que goza en estos momentos de la protección de un amparo promovido ante la autoridad federal, puede terminar siendo detenido y afronte el proceso en su contra en prisión.