COLECTIVO VE OPORTUNIDAD HISTÓRICA EN INTERVENCIÓN DE LA ONU POR DESAPARICIONES EN MÉXICO

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  El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México consideró que la decisión del Comité Contra Desapariciones Forzadas de llevar de forma urgente la situación de las desapariciones en el país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas representa una oportunidad histórica para fortalecer la cooperación internacional y enfrentar de manera más efectiva este problema.

El colectivo señaló que, si bien el Estado mexicano ha adoptado algunas recomendaciones e incluso ha presentado su marco legal como ejemplo ante otros países, persiste una responsabilidad institucional debido a la falta de resultados concretos en la resolución de casos y a la impunidad que prevalece.

Indicaron que la gravedad del fenómeno se refleja en el aumento constante de desapariciones, con casi 29 mil casos reportados entre enero de 2023 y abril de 2025.

Así como en el hallazgo de miles de fosas clandestinas y restos humanos, muchos de ellos aún sin identificar, cifras que evidencian que las acciones implementadas han sido insuficientes frente a la magnitud de la crisis.

Para las familias, llevar el caso ante la Asamblea General podría abrir nuevas vías para diseñar estrategias que permitan prevenir, investigar y sancionar este delito, pero sobre todo avanzar en la localización e identificación de las personas desaparecidas, que es su principal exigencia.

El movimiento recordó que ha mantenido un diálogo respetuoso con autoridades a través de espacios impulsados por la Secretaría de Gobernación; sin embargo, subrayó que los resultados siguen sin llegar, mientras continúan registrándose nuevas desapariciones.

Asimismo, reiteraron su disposición a reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y llamaron al Estado a mantener la apertura al escrutinio internacional, así como a aprovechar las acciones que el comité realizará durante 2026 en el marco del aniversario de la convención bajo el lema "Las víctimas primero. Acciones ya".

Finalmente, hicieron un llamado a retomar el diálogo con las familias para definir la implementación de posibles medidas internacionales y avanzar en una política pública efectiva, además de reforzar el compromiso en los tres niveles de gobierno para combatir las desapariciones.

También insistieron en que, más allá de reconocer avances, el Estado debe asumir su responsabilidad ante las omisiones que han impedido resultados en la búsqueda y acceso a la justicia.