El cuerpo sin vida de Alba Lizbeth “N”, con ocho meses de embarazo, fue encontrado sin ropa y con diversas heridas punzo cortantes el pasado 1 de abril del año 2018 en Nacajuca, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró una sentencia de 44 años de cárcel para su agresor quien permanece en el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco.

CULPABLE

Por los delitos de feminicidio y lesiones calificadas, la dependencia obtuvo sentencia condenatoria con penas que en acumulado suman 44 años y seis meses de prisión, en contra de Joas Eli “N”.

Durante la etapa de investigación la FGE presentó pruebas contundentes que demostraron responsabilidad penal del agresor en los lamentables hechos ocurridos el 1 de abril del 2018, cuando fue privada de la vida una mujer embarazada y fue lesionado su menor hijo en la ranchería Coralillo del municipio de Nacajuca.

HORRENDO CRIMEN

De acuerdo con la información en la causa penal 114/2018, la noche en que ocurrieron los hechos, la víctima abordó un moto-taxi pochimóvil en la ranchería Coralillo de Nacajuca, junto con su menor hijo para trasladarse al fraccionamiento Pomoca, donde vivía con su esposo y sus suegros.

En el trayecto, el hoy sentenciado y conductor de la unidad, Joas Elí “N” la atacó con arma punzocortante con saña por las múltiples heridas punzo cortante que tenía Alba Lisbeth y que le provocaron la muerte, mientras que el menor fue lesionado de forma grave ya que era el único testigo del ataque.

INVESTIGACIÓN

Durante el trabajo de inteligencia desarrollado por la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos (UIDI), se logró la ubicación del agresor, siendo detenido mediante cumplimiento de una orden de aprehensión el 3 mayo de ese mismo año, en la colonia Florida de Macuspana.

Desde ese tiempo la FGE ha mantenido el seguimiento del caso hasta que la autoridad judicial de Nacajuca dictó la mencionada sentencia de 40 años de prisión por el delito feminicidio y 4 años con 6 meses por lesiones calificadas.

Además, fijó el pago equivalente a 44 mil 180 pesos por concepto de multa y 129 mil pesos por reparación de daño, quedando aún por definir el pago económico al menor, por las secuelas de sus lesiones.

También se determinó que, a través de instituciones de gobierno, el menor recibe terapias psicológicas para garantizar su salud física y emocional, hasta su recuperación.