SENADO ANALIZA APLAZAR ELECCIÓN JUDICIAL HASTA 2028 CON REFORMA CONSTITUCIONAL

El Senado de la República analiza la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones antes del 31 de mayo para impulsar una reforma constitucional en materia judicial, cuyo principal objetivo sería aplazar hasta 2028 la próxima elección de magistrados y jueces federales prevista para junio de 2027.

La propuesta busca evitar que los comicios judiciales coincidan con el proceso electoral federal intermedio, en el que también se renovarán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y otros cargos de elección popular, además de fortalecer los mecanismos de evaluación y certificación de quienes aspiren a integrar el Poder Judicial.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, reconoció que existe la posibilidad de que ambas cámaras del Congreso trabajen en un periodo extraordinario para atender el tema.

Actualmente, legisladores de Morena ya presentaron iniciativas para modificar la Constitución y posponer la elección judicial, argumentando que la coincidencia de ambos procesos podría generar complicaciones operativas, presupuestales y políticas.

Además del aplazamiento, las propuestas contemplan establecer filtros de evaluación para garantizar la profesionalización de jueces y magistrados tanto a nivel federal como estatal. Los impulsores de la reforma sostienen que el objetivo es consolidar un nuevo modelo de justicia que brinde mayor certeza jurídica y fortalezca la confianza en las instituciones judiciales.

En medio de este debate, también se prevé que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presente su propia iniciativa de reforma judicial, la cual podría complementar o modificar las propuestas ya registradas en el Congreso.

Durante una reunión en el Senado, ciudadanos provenientes de Chihuahua denunciaron presuntas irregularidades dentro del sistema judicial estatal y señalaron que persisten prácticas de impunidad que afectan la confianza pública en la justicia.

Como ejemplo, mencionaron el caso relacionado con el diputado Guillermo Ramírez y su hermano Fernando Ramírez, acusado de tentativa de homicidio contra el ganadero Eloy Soto Payán. Según los inconformes, una magistrada revocó el auto de vinculación a proceso, decisión que generó críticas y cuestionamientos sobre el funcionamiento del Poder Judicial en esa entidad.

Los manifestantes pidieron al Congreso revisar de fondo la operación del sistema judicial estatal y respaldaron la necesidad de realizar cambios estructurales que garanticen transparencia y rendición de cuentas.

De acuerdo con la Constitución mexicana, las modificaciones legales en materia electoral deben aprobarse al menos 90 días antes del inicio formal del proceso electoral correspondiente. Para los comicios de 2027, ese plazo comenzará el próximo 1 de septiembre, por lo que el Congreso tendría margen limitado para concretar cualquier reforma.

Para que los cambios constitucionales entren en vigor, deberán ser aprobados por mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y posteriormente avalados por al menos 17 congresos estatales.