SCJN decidirá sobre caso Sasha Sokol.

VEREDICTO HISTÓRICO EN PUERTA.

• El próximo 25 de junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un caso que podría marcar un antes y un después en el acceso a la justicia para víctimas de abuso sexual infantil.

El juicio civil enfrenta al productor Luis de Llano Macedo, acusado por la cantante Sasha Sokol de haber mantenido una relación inapropiada con ella cuando tenía solo 14 años.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentó ante la Primera Sala un proyecto que propone negar el amparo solicitado por De Llano, quien busca revertir la sentencia emitida por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en septiembre de 2023.

Dicha resolución lo declaró civilmente responsable por daño moral y le impuso diversas medidas reparatorias.

De Llano argumenta que el caso ya prescribió, alegando que la relación ocurrió hace más de treinta años y que Sasha no lo denunció al alcanzar la mayoría de edad.

Sin embargo, el proyecto del ministro Pardo sostiene que los abusos cometidos durante la infancia, especialmente cuando existe una relación de poder, no deben estar sujetos a plazos de prescripción en el ámbito civil.

La sentencia original determinó que hubo daño moral no solo por la relación en sí, sino también por los comentarios que el productor hizo en una entrevista en marzo de 2022, en la que minimizó los hechos y calificó la relación como "abierta y consentida".

• Como parte de las medidas impuestas, Luis de Llano debe ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol, abstenerse de hablar públicamente sobre ella, tomar un curso sobre prevención del abuso sexual y pagar una indemnización por daño moral, cuyo monto aún está por definirse.

Sokol ha anunciado que donará cualquier compensación económica a una organización que trabaje en la prevención del abuso infantil.

La SCJN atrajo el caso en octubre de 2024 y su resolución podría sentar un precedente crucial: permitir que otras víctimas de abuso infantil puedan iniciar acciones legales aun después de muchos años, especialmente cuando el agresor tenía una posición de autoridad sobre ellas.

Si el proyecto es aprobado, abriría nuevas posibilidades de justicia para quienes han guardado silencio durante décadas debido al trauma o al desequilibrio de poder.