Agro Nitrogenados, historia de corrupción

La actual dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha enfrentado a múltiples casos de corrupción y daño patrimonial a la empresa, heredados de gestiones anteriores.

En especial de la que encabezó Emilio Lozoya, designado y protegido por Enrique Peña Nieto. Recientemente el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, asistió como invitado del presiente de México, Andrés Manuel López Obrador, a una conferencia matutina.

En ella dio a conocer el tema de la recuperación del pago en exceso que se hizo en 2014 en la compra de la planta Agro Nitrogenados, una historia de irregularidades, malos manejos y complicidades que aún no termina.

UNA LARGA CADENA

La historia conocida la recapituló la Auditoría Superior de la Federación en la revisión realizada a la cuenta pública del año 2015. Esta arranca el 17 diciembre de 2013, cuando el Consejo de Administración de Pemex tomó conocimiento de un “Informe sobre la Inversión en una planta de Fertilizantes”, donde señala que se tenía la oportunidad de adquirir una planta en Coatzacoalcos, Veracruz.

Según esto, la citada instalación contaba con diversos beneficios, como su localización, la infraestructura necesaria para la conexión con el complejo petroquímico de Cosoleacaque y un puerto que sería “de gran rentabilidad”.

Se trataba de la planta de Agro Nitrogenados, propiedad de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA). Dicha planta se encuentra ubicada en el kilómetro 5 de la Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, misma que desde el año 1999 dejó de producir fertilizantes.

A pesar de ello, la infraestructura con 14 años de abandono fue del interés del director de Pemex en ese entonces, Emilio Lozoya Austin.

Hay que mencionar que el proceso de negociación había iniciado sin el conocimiento del Consejo de Administración unos meses atrás, y desde noviembre de 2013 se acordó el pago de 475 millones de dólares por Agro Nitrogenados, de los cuales 275 millones de dólares fueron para la adquisición de la planta y 200 millones de dólares para su rehabilitación. Un equivalente a 6 mil 178 millones 182 mil pesos al tipo de cambio de 13 pesos por dólar, en las fechas de negociación.

UNA OPERACIÓN OSCURA

Para la adquisición de la planta, el 18 de diciembre de 2013 se creó la empresa Pro Agro Industria, S.A. de C.V. (PRO AGRO), con la participación accionaria de dos filiales del Grupo PMI.

Esto a pesar de que Pemex contaba con una empresa productiva del estado subsidiaria, denominada Pemex Fertilizantes, cuyo objeto era administrar la planeación, evaluación y desarrollo de los proyectos y otras iniciativas de negocio vinculadas con la producción, distribución y comercialización de amoniaco, fertilizantes y sus derivados. Sin embargo, la compra se realizó por medio de PRO AGRO, cuyo trato se terminó en diciembre de 2013.

La ASF, como parte de su trabajo de revisión, ordenó nuevos avalúos de la planta adquirida, concluyendo que los cálculos realizados por el INDAABIN, por 176 millones 573 mil pesos, que fueron superiores en 30 millones 993 mil pesos, en lo que respecta al valor del terreno, mientras que, en el caso de las construcciones, instalaciones, maquinaria y equipo, se determinó que el monto de la adquisición, por 3 mil 503 millones 359 mil pesos fue superior en un mil 328 millones 280 mil pesos, en total se pagaron en exceso un mil 328 millones 280 mil pesos.

RECUENTO FINAL DE DAÑOS

Entre los documentos entregados por el INDAABIN se encontró un “Diagnóstico Técnico”, respecto del estado que guardaban los bienes de la planta de fertilizantes, y señaló: “…que el nivel tecnológico se encuentra fuera de los parámetros aceptables…”, y que “…el grado de conservación general de los bienes muebles (maquinaria y equipo) que integran las unidades de proceso se encuentran en un rango de regular a malo, inclusive varios de la maquinaria presentan falta de algunas partes importantes (impulsores, motores, reductores, transmisiones, válvulas, conexiones, entre otros)”.

A pesar de ellos, la dirección de Pemex a cargo de Lozoya autorizó la compra. No fue la única fase en la que se dañó al erario.

La posible puesta en marcha de la planta fue otra oportunidad de negocio, en la que cada vez se incrementaron los costos de rehabilitación y se pedían nuevas prórrogas para la entrada en operación, que nunca sucedió.

El recuento final de daños se calculó en 216 millones de dólares.