Armenta responde a la crítica con manotazos y "Ley Censura"

Y LO QUE FALTA

A seis meses de haber asumido el cargo, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, se encuentra en el centro de la polémica.

Todo esto por una serie de incidentes que involucran agresiones verbales y físicas contra periodistas, así como la aprobación de una controvertida reforma legal que organizaciones civiles han calificado como un intento de censura institucional.

• El episodio más reciente ocurrió tras la publicación de la llamada Ley de Ciberseguridad, también conocida como "Ley Censura", que fue aprobada por el Congreso local el 12 de junio y publicada en el Periódico Oficial del Estado el domingo 15. La legislación tipifica delitos como "ciberasedio", espionaje digital, usurpación de identidad y hacking, pero ha sido duramente cuestionada por su ambigüedad jurídica y el riesgo de ser utilizada para criminalizar la libertad de expresión, especialmente en medios digitales y redes sociales.

Organizaciones como Artículo 19 y la Red de Periodistas Puebla han advertido que la ley carece de precisión legal y podría ser usada de forma arbitraria contra comunicadores y ciudadanos críticos.

"Los delitos creados violentan el principio de taxatividad en materia penal", señalaron,

Y denunciaron que no se incorporó el conocimiento técnico de especialistas ni se abrió un proceso de consulta pública antes de su aprobación.

• En paralelo, periodistas locales han denunciado que el mandatario ha respondido a cuestionamientos con actitudes hostiles, incluyendo manotazos, interrupciones y descalificaciones públicas. Aunque el gobernador ha negado que su gobierno busque censurar a la prensa, sus declaraciones han sido interpretadas como una minimización del problema. "No hay ninguna restricción hacia los derechos humanos", afirmó, asegurando que la ley busca proteger a mujeres, niños y la identidad digital de los ciudadanos.

Ante la presión social, Armenta envió una carta al Congreso local solicitando la realización de foros abiertos para discutir la ley, aunque estos espacios de diálogo no fueron convocados antes de su promulgación. La medida ha sido vista por analistas como un intento tardío de contener el descontento social y mediático.

El caso ha encendido las alarmas sobre el uso del poder legislativo para restringir la crítica pública y ha reavivado el debate sobre el papel de los gobiernos estatales en la protección —o vulneración— de la libertad de prensa en México.