Sedena se enfrenta a disputa legal por millonarios contratos de laboratorios

CÁRTEL DE LOS CHUPASANGRES

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentra en medio de una disputa legal por contratos de laboratorios clínicos y bancos de sangre que superan los mil millones de pesos.

El conflicto involucra a empresas señaladas por prácticas monopólicas y colusión, conocidas como el "Cártel de los Chupasangres", grupo que ha dominado licitaciones en el sector salud durante más de una década.

• El 10 de julio de 2025, Sedena adjudicó un contrato por hasta mil 222 millones de pesos a un consorcio conformado por Instrumentos y Equipos Falcon, VE + S.A.P.I y Laboratorio Médico Tadeo, para proveer insumos y reactivos a hospitales militares hasta 2027. Sin embargo, menos de dos meses después, la dependencia rescindió el acuerdo por presuntos incumplimientos.

El 8 de septiembre, Sedena otorgó de manera directa un nuevo contrato por mil 144 millones de pesos a otro grupo encabezado por Centrum Promotora Internacional, empresa que también había participado en la licitación original.

Este grupo de empresas —entre ellas Centrum, Falcon, Dicipa y Selecciones Médicas del Centro— fue sancionado en 2020 por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) con una multa de 626 millones de pesos por colusión, simulación de competencia y reparto ilícito de contratos en licitaciones del IMSS entre 2008 y 2015.

La investigación, registrada bajo el expediente DE-011-2016, reveló cómo estas firmas monopolizaron servicios de laboratorio y análisis clínicos en instituciones públicas, afectando la libre competencia y encareciendo los servicios médicos.

El 9 de septiembre, Falcon y sus socias promovieron un amparo para frenar la rescisión del contrato. Tres días después, un juez federal concedió una suspensión provisional que impide concretar la cancelación del acuerdo original y bloquea la implementación del nuevo contrato con Centrum.

Esta medida mantiene en incertidumbre la operación de servicios de laboratorio en hospitales militares, mientras el Poder Judicial determina si procede mantener la suspensión o levantarla en resolución definitiva.

El caso revive preocupaciones sobre la transparencia en contrataciones públicas, la persistencia de prácticas monopólicas en el sector salud y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización en dependencias estratégicas como Sedena.

La asignación directa del nuevo contrato fue autorizada por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que añade presión política al proceso judicial y podría derivar en una revisión más amplia de los vínculos entre proveedores sancionados y dependencias federales.

Este conflicto no solo pone en juego recursos públicos millonarios, sino también la credibilidad institucional en la gestión de servicios médicos para las Fuerzas Armadas. La resolución judicial será clave para definir el rumbo de futuras contrataciones en el sector salud.