Controversia en elección judicial

LA RESPUESTA DEL INE Y LA CONTROVERSIA

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el Instituto Nacional Electoral (INE) sí atendió la solicitud de una candidata a ministra de la Corte, quien pidió copias certificadas de los cómputos distritales de la elección judicial.

Con ello, la Sala Superior concluyó que el derecho de petición fue satisfecho, por lo que desechó el juicio sin analizar si la respuesta fue útil o suficiente para que la candidata pudiera impugnar los resultados.

• El INE informó que solo una de sus 32 juntas locales está certificando los cómputos electorales y que no entregará más documentación. Sin embargo, esta contestación no proporciona los documentos que permitirían a la aspirante verificar la legalidad de los cómputos e iniciar un medio de impugnación. A pesar de ello, la Sala Superior consideró que no era materia del juicio evaluar si el contenido de la respuesta garantizaba el ejercicio pleno de sus derechos.

La decisión se tomó con una votación que recurrió al voto de calidad de la presidenta del TEPJF, Mónica Soto, lo que permitió desechar la impugnación realizada por Alicia Martínez Valero, quien buscaba sustento documental para analizar la posibilidad de impugnar los resultados.

• Los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora votaron en contra del proyecto, argumentando que la postura del INE impide que la candidata tuviera la oportunidad de realizar una impugnación. Mondragón señaló que la incertidumbre sobre la entrega de documentación dentro de los plazos legales coloca a la aspirante en un estado de indefensión, impidiéndole verificar la regularidad de los cómputos distritales.

Otálora, por su parte, criticó que la respuesta del INE no atiende lo solicitado y que ni siquiera ha informado debidamente el estatus de la solicitud.

Con esta resolución, el TEPJF cierra la puerta para que los candidatos a la elección de ministros de la Corte puedan ejercer su derecho de impugnar la elección con documentos oficiales que puedan ser tomados en cuenta.

La decisión ha generado debate sobre la transparencia del proceso y la posibilidad de que los aspirantes puedan defender sus derechos en futuras elecciones.