Presión política por esclarecer vínculos entre funcionarios y redes criminales

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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el senador morenista Adán Augusto López Hernández, por sus presuntos nexos con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como líder del grupo criminal La Barredora.

• Legisladores del PRI aseguran tener actas constitutivas de siete empresas en las que participan familiares de López Hernández y Bermúdez Requena.
• Denuncian que dichas empresas habrían obtenido contratos y concesiones gracias a conexiones políticas durante el gobierno de López en Tabasco.
• Se acusa una relación de más de 30 años entre ambos, lo que habría facilitado el nombramiento de Bermúdez a pesar de su reputación como policía corrupto.

El PRI solicitó la remoción de Adán Augusto como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, argumentando que su permanencia “denigra al Senado”.

El PAN también exigió una investigación exhaustiva, calificando el caso como parte de un “patrón de complicidad entre Morena y el crimen organizado”.

Legisladores morenistas han cerrado filas en torno a López Hernández, asegurando que no existe ninguna investigación formal en su contra y que los señalamientos son “mediáticos”.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no hay carpeta de investigación abierta contra el senador, aunque reconoció la gravedad de las acusaciones contra Bermúdez.

Este caso ha escalado rápidamente en el ámbito político y mediático, generando presión sobre las instituciones para esclarecer los vínculos entre funcionarios públicos y redes criminales.