Fallos judiciales bajo escrutinio

DECISIONES JUDICIALES

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que entre 2024 y 2025 se han identificado 193 determinaciones judiciales que han favorecido a presuntos criminales, incluyendo liberaciones, traslados y egresos definitivos de penales.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, García Harfuch detalló que 164 egresos se realizaron por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, lo que ha significado que más de 100 delincuentes regresen a las calles.

• Además, se han registrado 27 traslados de personas privadas de la libertad a centros penitenciarios de menor seguridad, en algunos casos sin cumplir con las formalidades del proceso.

El secretario de Seguridad destacó que varios de los beneficiados enfrentaban condenas por secuestro, homicidio, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, entre otros delitos de alto impacto.

Uno de los ejemplos mencionados por García Harfuch fue el juez Gregorio Salazar Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, quien facilitó la liberación de personas procesadas por delincuencia organizada, peculado y corrupción. Entre los liberados se encuentra Mario Alberto "N", sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, operador del Cártel del Golfo.

Asimismo, entre octubre de 2024 y abril de 2025, fueron liberadas 26 personas vinculadas a organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, Los Zetas y Los Rojos.

García Harfuch subrayó el esfuerzo de las instituciones de seguridad para combatir la delincuencia y lamentó que algunas decisiones judiciales favorezcan a los criminales. Afirmó que el gabinete de seguridad, bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuará con las detenciones y operaciones relevantes para sacar de las calles a los generadores de violencia.

Este panorama abre el debate sobre la actuación del Poder Judicial y la necesidad de revisar los criterios bajo los cuales se otorgan beneficios a personas con antecedentes criminales.