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06/05/202510:00 a.m.Autor: Agencias Fuente: Agencias

Informe desmiente a Zedillo.


Las revisiones al Fobaproa entre 1998 y 1999, lejos de ser una auditoría financiera formal, estuvieron marcadas por una constante negativa de acceso a la información, retrasos y barreras impuestas por autoridades financieras y bancos.

FALSA AUDITORÍA DEL FOBAPROA

  • Las evaluaciones realizadas entre 1998 y 1999 sobre los pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) estuvieron lejos de cumplir con los estándares de una auditoría formal, según señaló Michael W. Mackey, especialista contratado para analizar las deudas derivadas del rescate bancario.

De acuerdo con su informe, múltiples limitaciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el propio Fobaproa y las instituciones bancarias —como restricciones de acceso, demoras y trabas burocráticas— impidieron que el trabajo pudiera calificarse como una auditoría financiera completa.

El tema resurgió tras un cruce de declaraciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo, quien defendió el rescate bancario asegurando que fue sujeto a estudios rigurosos y a una auditoría independiente.

No obstante, omitió mencionar que Mackey, el auditor contratado, describió el proceso como una verdadera odisea, debido a la falta de colaboración de las entidades financieras, lo que impidió realizar un análisis profundo y con validez técnica.

Mackey explicó que los trabajos iniciaron el 7 de septiembre de 1998 bajo el supuesto de que contarían con plena cooperación de las autoridades y los bancos. Sin embargo, esto no ocurrió. La negativa a entregar información ocasionó retrasos significativos de hasta tres meses, y el secreto bancario provocó demoras adicionales similares.

Aunque se les permitió acceso a bancos formalmente intervenidos, la CNBV restringió de forma considerable el acceso a instituciones intervenidas de facto, que representaban una parte crucial del sistema financiero y del costo del rescate.

Estas limitaciones, que quedaron asentadas en el informe presentado al Congreso, llevaron a Mackey a concluir que es probable que el costo fiscal del rescate haya sido subestimado y que las conclusiones sobre la eficacia del marco regulatorio fueron más optimistas de lo que debieron ser.



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