Iniciativa para combatir la extorsión llega al Congreso de la Unión

ELIMINAR EXTORSIÓN

El Poder Ejecutivo envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que busca catalogar la extorsión como delito de alto impacto y homologar las penas en todo el país.

La propuesta plantea modificar el artículo 73 de la Constitución, con el objetivo de facultar al Congreso para que, en un plazo de 180 días, emita una ley general que unifique el tipo penal y las sanciones por este delito, ante la actual disparidad entre los códigos penales federales y locales.

Actualmente, las penas mínimas por extorsión oscilan, en promedio, entre cuatro años y medio y hasta 12 años, pero en entidades como Oaxaca las sanciones van de uno a tres años, mientras que en Chihuahua pueden llegar hasta 30 años.

En cuanto a multas económicas, la diferencia es aún más marcada. Mientras que en estados como Baja California Sur, Chiapas, Puebla o Sinaloa se imponen sanciones de entre 36 mil y 86 mil pesos.

En entidades como Tabasco, así como en Campeche, Colima, Guerrero, Morelos, Chihuahua y Tamaulipas, las multas pueden alcanzar hasta 130 mil pesos.

• A pesar de ello, la disparidad en montos sigue siendo un obstáculo para un combate uniforme al delito.

El documento resalta que la extorsión ha sido utilizada de forma sistemática por el crimen organizado como fuente de ingresos, lo que provoca daños no solo a las víctimas directas, sino a la economía de comunidades enteras, al imponer condiciones a empresarios y comerciantes mediante amenazas, afectando el entorno económico y social.

Además, se advierte que este delito también ha sido usado para coaccionar a funcionarios públicos e instituciones, facilitando así otras actividades ilícitas, al aprovecharse de los servicios públicos y recursos del Estado.

La iniciativa federal pone sobre la mesa datos alarmantes: en 2018 se registraban casi 19 amenazas de extorsión diarias, mientras que en enero de 2025, esa cifra subió a casi 30 al día, lo que representa un incremento del 57.6% en seis años.

Cuatro entidades concentraron más del 60% de las víctimas en 2024, siendo el Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León las más afectadas. Solo el Estado de México acumuló un 33.1% de los casos en enero de este año.

En los artículos transitorios de la reforma se establece que el Congreso tendrá 180 días, a partir de su entrada en vigor, para aprobar la legislación secundaria correspondiente. Esta deberá fortalecer las competencias entre los tres niveles de gobierno y dotar de un marco legal claro y homogéneo para responder eficazmente ante este delito.

Con este cambio constitucional, se espera que estados como Tabasco, que actualmente enfrenta una de las multas más altas, pero sin una definición sólida y uniforme del delito, puedan contar con herramientas más eficaces para castigar la extorsión y proteger tanto a los ciudadanos como al tejido económico local.