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12/02/202605:20 p.m.Autor: RedacciónFuente: Agencias

Javier Duarte recibe prisión preventiva por caso de peculado


Javier Duarte implicado en desvío de fondos públicos: un revés más en su historial judicial. Consecuencias y expectativas ante el juicio en México.


NUEVO PROCESO POR PECULADO COMPLICA LA LIBERTAD DE JAVIER DUARTE DE OCHOA TRAS FALLO DEL JUEZ GUSTAVO AQUILES VILLASEÑOR

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, recibió un nuevo revés judicial que complica la posibilidad de obtener su libertad en abril, mes en el que cumple la sentencia de nueve años de prisión que le fue impuesta por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

En una audiencia reciente, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor determinó imponerle la medida de prisión preventiva justificada por un proceso adicional en su contra, relacionado con un presunto caso de peculado.

La acusación señala el supuesto desvío de cinco millones de pesos provenientes de un fondo destinado a apoyar a personas en situación vulnerable durante 2012.

La diligencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte y se prolongó por aproximadamente seis horas y media.

  • Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República sostuvo que Duarte habría ordenado mezclar recursos federales y estatales para posteriormente dispersarlos en distintas cuentas bancarias, con el objetivo de dificultar su rastreo y desviarlos mediante un mecanismo conocido como la "licuadora".

Según la acusación, estos fondos habrían sido utilizados para cubrir pagos de sueldos, pensiones y proveedores.

Tras escuchar los señalamientos, la defensa del exmandatario solicitó la ampliación del plazo constitucional para que se determine su situación jurídica, por lo que el proceso continuará en los próximos días.

Será el próximo miércoles cuando el juez defina si Duarte es vinculado a proceso por el delito de peculado.

De confirmarse esta imputación, el exgobernador podría enfrentar una pena adicional que va de dos a 14 años de prisión, lo que extendería su permanencia en reclusión y alejaría aún más la posibilidad de recuperar su libertad en el corto plazo.


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