Liberaciones judiciales cuestionadas.

PERMITEN EL REGRESO DE CRIMINALES

• Debido a resoluciones cuestionables emitidas por diversos jueces, más de un centenar de presuntos delincuentes, muchos de ellos vinculados al crimen organizado o acusados de delitos graves, han sido liberados, advirtió el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Durante el periodo de 2024 a lo que va de 2025, se han registrado numerosas decisiones judiciales que, lejos de proteger a las víctimas y a la sociedad, han favorecido a los agresores.

De acuerdo con la SSPC, se han identificado 193 resoluciones que beneficiaron o intentaron beneficiar a personas procesadas por delitos de alto impacto, ya sea mediante cambios de medida cautelar, traslados o liberaciones definitivas.

García Harfuch calificó como inaceptable que autoridades judiciales, cuya labor es mantener el orden y garantizar justicia, adopten fallos que beneficien a criminales.

Entre los casos más alarmantes, mencionó al juez Gregorio Salazar, quien liberó a Mario Alberto N, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, y exoneró a otros operadores del cártel del Golfo, como Juan Enrique N y José Alfredo N, alias El Contador.

Por su parte, el fiscal general Alejandro Gertz Manero denunció que ciertas prácticas dentro del Poder Judicial impiden actuar legalmente contra los jueces responsables. Explicó que existe un acuerdo interno que exige autorización previa para proceder penalmente contra un juez, lo que ha limitado las acciones de la Fiscalía.

La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció al respecto, criticando a la oposición por no condenar estas situaciones y defendiendo la propuesta de que los jueces sean electos por voto popular.

Afirmó que la reforma al Poder Judicial busca combatir el nepotismo y la corrupción, y detener estas prácticas que permiten la liberación de criminales de alto perfil.

García Harfuch detalló que, entre los excesos detectados, se han registrado 164 liberaciones mediante cambio de medidas cautelares, dos egresos definitivos y 27 traslados de reos peligrosos, a pesar de que las autoridades penitenciarias desaconsejaron dichas acciones. Los detenidos involucrados enfrentaban cargos por delitos como secuestro, homicidio y privación ilegal de la libertad.

Entre los jueces más activos en este tipo de resoluciones se encuentran Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro Borbón, ambos de Sonora, con 58 y 15 resoluciones respectivamente.

Entre octubre de 2024 y abril de 2025, fueron liberadas 26 personas pertenecientes a grupos criminales como el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, Los Zetas, Los Rojos y el cártel del Golfo.

Asimismo, el juez Silvestre Peña Crespo fue señalado por ordenar cinco traslados de reos vinculados con crímenes graves, y se documentó que una jueza de Guerrero liberó a Nabor N, alias El Camaleón, acusado del secuestro de siete elementos de seguridad en 2009.

Otros casos preocupantes incluyen las sentencias absolutorias emitidas en abril de 2025 a Francisco Javier N, alias M-60, y Nicolás Armando N, ambos señalados por delitos de delincuencia organizada y secuestro, dejando a sus víctimas en estado de indefensión.