Ejecución de inocentes confirmada por PRODHEG en Celaya

EJECUTAN A INOCENTES

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) concluyó que elementos de la Policía Municipal de Celaya privaron de la vida a tres personas inocentes el 20 de noviembre de 2022.

• Además de manipular evidencias para presentarlas falsamente como responsables de un ataque armado contra la comandancia de San Juan de la Vega. 

De acuerdo con el expediente 1506/2022, emitido el 15 de abril de 2025, los agentes "cambiaron la ropa a una de las víctimas y sembraron armas largas y casquillos percutidos en sus pantalones" con el objetivo de aparentar su culpabilidad.

La investigación incluyó declaraciones de siete policías municipales, así como testimonios de familiares y testigos que acompañaban a las víctimas esa noche.

Los oficiales aseguraron que habían sido atacados por "sicarios" en la vecindad de San Isidro de la Concepción. Sin embargo, la PRODHEG determinó que esta versión era falsa, ya que los verdaderos agresores habían abandonado sus armas y chalecos en una vivienda para hacerse pasar por habitantes del lugar.

• Sin representar una amenaza real e inminente. 

El peritaje estableció que ninguna de las víctimas disparó arma alguna y que su vestimenta no coincidía con la de los presuntos atacantes. Testigos presenciales afirmaron que los hombres fueron golpeados, interrogados y posteriormente ejecutados por los policías, quienes incluso trataron de impedir que uno de ellos auxiliara a las víctimas.

"Uno de los agentes fue visto levantando casquillos y colocándolos en los pantalones de las víctimas, mientras que otro cambió la ropa a una de ellas para alterar la escena del crimen"

Señala el documento.

Tras el ataque a la comandancia, el comando armado huyó en dos camionetas, mientras que tres sujetos se ocultaron en la vecindad de San Isidro de la Concepción. Hasta diez testigos aseguraron que colaboraron con los policías para ubicar a los verdaderos agresores, desmintiendo la versión oficial.

La PRODHEG recomendó la reparación integral del daño, que incluye compensación económica para los familiares de las víctimas, atención psicosocial, una disculpa pública y la apertura de investigaciones para deslindar responsabilidades penales y administrativas.