La Barra Mexicana advierte: peligra el Estado de Derecho

AUMENTA LA INCERTIDUMBRE 

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) expresó su gran inquietud frente a la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación presentada por el Ejecutivo.

• En un comunicado difundido en redes sociales, el organismo advirtió que la propuesta no corrige los problemas estructurales de la reforma judicial aprobada en 2024 y, por el contrario, aumenta la incertidumbre institucional, jurídica y económica que vive el país.

La BMA señaló que la iniciativa no atiende el verdadero reto de la impartición de justicia y denunció que se mantiene el desmantelamiento del sistema de carrera judicial —antes sustentado en méritos, exámenes, experiencia y especialización— para reemplazarlo por mecanismos que favorecen criterios ajenos a la capacidad técnica.

Sobre el aplazamiento de la segunda fase de la reforma hasta 2028, la institución reconoció que es una medida necesaria, pero insuficiente, ya que no está acompañada de una política pública que impulse a los candidatos con mayor preparación y trayectoria.

"La justicia no puede confundirse con representación política. Un juez constitucional o un magistrado federal no son operadores de intereses mayoritarios, sino garantes de la Constitución", subrayó.

El pronunciamiento también alertó sobre las consecuencias económicas de la reforma. Según la BMA, las modificaciones al Poder Judicial han deteriorado la percepción de seguridad jurídica en México, afectando directamente la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.

El organismo enfatizó que ninguna economía moderna puede sostener un crecimiento sólido si los tribunales pierden independencia y competencia técnica. A su juicio, la iniciativa no ofrece garantías de estabilidad regulatoria y, en cambio, incrementa las dudas sobre la imparcialidad en la resolución de conflictos económicos complejos.

Para la Barra Mexicana, la legitimidad de los jueces no deriva de su popularidad electoral, sino de su independencia, imparcialidad, capacidad técnica y apego estricto al orden constitucional.

Finalmente, la institución hizo un llamado al Ejecutivo y a los actores políticos a que cualquier cambio en el sistema judicial se construya mediante un diálogo amplio, técnico y plural, con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho y la independencia judicial como pilares esenciales de la democracia y el desarrollo económico.