Rubén Rocha Moya defiende su inocencia ante acusaciones de Estados Unidos

GARCÍA HARFUCH DEFIENDE A ROCHA MOYA

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó este martes en “La Mañanera del Pueblo” que el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, nunca impidió que se realizaran operativos de seguridad y contra el narcotráfico en el estado.

• A pesar de las acusaciones de Estados Unidos sobre presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

García Harfuch señaló que el Gabinete de Seguridad no detectó conductas ilícitas de Rocha Moya durante su gestión y que, al contrario, se mantuvo una coordinación activa para cumplir objetivos de alta prioridad, incluidos arrestos de personas con solicitúd de extradición.

Harfuch destacó que, en el periodo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han llevado a cabo numerosos operativos en Sinaloa con resultados “conocidos y difundidos públicamente”, y que en ningún caso el Gabinete de Seguridad enfrentó obstáculos de parte del gobierno estatal.

“Nunca hubo un impedimento para que el Gabinete de Seguridad desarrollara sus actividades”

Aseguró, subrayando que no existe en México ninguna investigación formal abierta en contra de Rocha Moya por parte de las autoridades federales.

La SRE espera respuesta de la solicitud de pruebas de EE.UU.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, indicó que el gobierno mexicano mantiene una comunicación fluida y cotidiana con las autoridades de Estados Unidos, tanto con la embajada en México como con el Departamento de Estado.

• Pero precisó que hasta el momento no se ha recibido respuesta a la nota diplomática enviada para solicitar las pruebas concretas contra Rocha Moya.

Velasco explicó que se trató de una solicitud formal, enviada a través de la embajada en Washington, y que el país está a la espera de la documentación que respalde las acusaciones de nexos con el crimen organizado.

CONTEXTO DE LA EXTRADICIÓN Y EL PLAZO DE 60 DÍAS

Rubén Rocha Moya enfrenta un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, que lo acusa de mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa, motivo por el cual el gobernador pidió separarse temporalmente del cargo el 1 de mayo, tras la revelación de la acusación el 30 de abril.

De acuerdo con el Tratado de extradición entre México y Estados Unidos, si el exgobernador es detenido con fines de extradición, se abre un plazo de 60 días para que Washington entregue una solicitud formal con pruebas documentales que justifiquen la detención y el enjuiciamiento.

• El tratado exige copias certificadas de órdenes de aprehensión, evidencias que vinculen al reclamado con un delito, y la legalización de los documentos conforme a la ley mexicana.

En caso de que el plazo de 60 días venza sin la entrega de los documentos, la detención provisional tendría que terminar, aunque el proceso de extradición puede reactivarse en el futuro si se presentan documentos suficientes.

• La discusión pública gira en torno a la solidez de la evidencia con la que cuenta Estados Unidos y la evaluación que harán las autoridades mexicanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que México solo procederá con cualquier medida judicial “si se presentan pruebas claras y contundentes”, lo que ubica esta situación en el centro del debate sobre la cooperación bilateral y el respeto al estado de derecho.