Sheinbaum y Zaldívar piden aclarar reforma a la Ley de Amparo

PIDEN ACLARAR REFORMA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, solicitaron al Congreso de la Unión realizar ajustes en la reciente reforma a la Ley de Amparo para aclarar que esta norma no tendrá efectos retroactivos.

• Ambos manifestaron su rechazo a cualquier aplicación retroactiva que pueda afectar derechos adquiridos o que contradiga el artículo 14 constitucional, que prohíbe la retroactividad en perjuicio de las personas. 

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, Zaldívar señaló que el artículo primero transitorio introducido por el Senado "no tiene la suficiente claridad" y generó un debate innecesario, críticas y preocupaciones legítimas.

Recalcó que la Ley de Amparo tiene un carácter procesal y, por tanto, la reforma debe aplicarse únicamente a actuaciones posteriores a su entrada en vigor, sin afectar resoluciones previas o suspensiones ya otorgadas.

Zaldívar planteó tres precisiones para disipar dudas: reconocer explícitamente el carácter procesal de la Ley de Amparo, garantizar que las etapas procesales concluidas generen derechos adquiridos no modificables y precisar que solo las actuaciones posteriores a la reforma estarán sujetas a las nuevas disposiciones.

• Por su parte, Sheinbaum reiteró que en su gobierno no se avalarán "actos contrarios a la Constitución" y que la intención es ofrecer certeza jurídica y fortalecer la confianza en el sistema judicial. 

La reforma aprobada en el Senado contenía una reserva que implicaba la aplicación retroactiva de la norma a casos en trámite, lo que fue criticado como inconstitucional por expertos y legisladores opositores. La responsabilidad ahora está en la Cámara de Diputados para decidir si mantiene el texto actual o incorpora los ajustes sugeridos.

Claudia Sheinbaum y Arturo Zaldívar coinciden en la necesidad de corregir la reforma a la Ley de Amparo para evitar su retroactividad, proteger los derechos procesales adquiridos y garantizar la constitucionalidad de la ley, buscando así fortalecer la seguridad jurídica en México.