México da inicio a una nueva etapa con jueces elegidos por voto popular

NUEVO ORDEN JUDICIAL 

Este lunes, México marca el comienzo de una etapa inédita en su sistema judicial con la toma de posesión de los primeros jueces seleccionados mediante votación ciudadana, en un proceso visto como un parteaguas para una justicia históricamente afectada por la impunidad.

• Sin embargo, la novedad también ha despertado alertas sobre la posible influencia del poder político y del crimen organizado sobre los nuevos funcionarios.

Más de 800 cargos judiciales, entre ellos ministros de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral, y jueces estatales y distritales, inician funciones tras haber sido elegidos en los históricos comicios del pasado 1 de junio.

Pese a su carácter sin precedentes, la elección fue blanco de críticas debido a la baja participación —solo votó el 13% del padrón— y a las múltiples denuncias sobre irregularidades, como la promoción indebida de candidatos alineados con el partido gobernante.

"La nueva era del Poder Judicial, con jueces elegidos por el pueblo, comienza el 1º de septiembre", celebró la presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada en conferencia de prensa. Añadió que la llegada de estos funcionarios representa el cierre de un ciclo marcado por la corrupción, los privilegios y el nepotismo dentro del sistema judicial.

Uno de los nombramientos más destacados es el del indígena mixteco Hugo Aguilar, quien fue el candidato más votado y ahora preside una Suprema Corte compuesta por nueve integrantes, seis de ellos vinculados al oficialismo.

Aguilar, quien trabajó anteriormente con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), reconoció el desafío que tiene por delante: "El reto del tribunal es recuperar la confianza de la ciudadanía, acercando la justicia a toda la población", escribió en redes sociales.

Controversias y señalamientos

Esta reforma al Poder Judicial, impulsada por López Obrador y ejecutada bajo la administración de Sheinbaum, tendrá una segunda fase en 2027 para renovar cargos en la Suprema Corte y en tribunales de varios estados.

Sin embargo, diversos sectores opositores y organizaciones civiles han manifestado que el verdadero propósito de esta reforma no es mejorar la justicia ni combatir la impunidad —que supera el 90% en el país—, sino ejercer control político sobre el Poder Judicial.

Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, la calificó como una "operación de Estado" diseñada para colocar jueces afines al gobierno en puestos clave.

Según Meza, en los estados, los procesos electorales estuvieron bajo el control de los gobernadores, lo que facilitó la elección de ciertos candidatos. Además, se distribuyeron masivamente materiales conocidos como "acordeones" para guiar el voto hacia los postulantes oficialistas.

Riesgos por vínculos con el crimen organizado

Defensorxs identificó al menos 25 candidatos con antecedentes preocupantes, como acusaciones de corrupción, trata de personas o presuntos nexos con el crimen organizado. Seis de ellos fueron electos.

Entre los casos más polémicos está el de Silvia Delgado, exabogada del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien asumirá como jueza penal en Chihuahua. Delgado ha demandado a 14 medios de comunicación y al propio Meza por supuesta violencia política de género, tras los reportes que expusieron su relación con el capo.

Ante esta situación, Meza advierte que el riesgo ya no es la presencia aislada de jueces corruptos, sino la posible infiltración sistemática de intereses criminales en los tribunales.

"Habrá juzgados capturados que operen al servicio del crimen organizado y de políticos ligados a estas redes", alertó.