Según un estudio, prohibir el vapeo en México podría ser contraproducente para la salud pública

• Frente a la postura prohibicionista del gobierno federal respecto a los productos de tabaco o nicotina sin combustión, como los cigarrillos electrónicos, los vapeadores y los dispositivos de tabaco calentado, diversos especialistas y consumidores se pronunciaron a favor de una regulación que permita el acceso a estos productos como una opción de reducción de riesgos para los fumadores adultos.

Según un estudio realizado por el investigador Alejandro Espinosa Herre del IPADE, el uso de los PTSC, como los cigarrillos electrónicos o el tabaco calentado, podría reducir significativamente el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el tabaquismo, como las cardiovasculares, las cerebrovasculares, el cáncer, la diabetes y la hipertensión.

El estudio, basado en el Modelo Integrado de Riesgos Prevenibles, estima que si el 50% de los fumadores mexicanos cambiaran a estos productos, tendrían entre un 65% y un 97% menos de riesgo de desarrollar estas enfermedades, lo que se traduciría en una mejora de la calidad de vida y una disminución de la mortalidad.

Menos costos en atenciones médicas

• Además, el estudio señala que la adopción de los PTSC podría generar un ahorro de $3.4 mil millones de dólares anuales en los costos de atención médica, de los cuales $2.800 millones se deberían a las mejoras en la nutrición y $300 millones a la reducción del tabaquismo.

El debate en México sobre los vapeadores y cigarrillos electrónicos se intensifica, enfrentando posturas entre la administración del presidente López Obrador, que busca una prohibición generalizada, y expertos junto con consumidores que abogan por una regulación que ordene el mercado y fomente un consumo informado.

• La promoción de dietas más saludables, la moderación en el consumo de alcohol y el cambio a productos de tabaco o nicotina sin combustión se señalan como medidas que podrían reducir la carga de morbilidad y los costos de atención médica en el país, destacando así la importancia económica de promover comportamientos de bajo riesgo a través de políticas de salud pública.