Argentina se suma a las deportaciones.

Buenos Aires.-

MILEI ENDURECE POLÍTICA MIGRATORIA

• El gobierno del presidente argentino Javier Milei implementó este miércoles una serie de cambios al régimen migratorio del país que endurecen las condiciones para obtener la ciudadanía, agilizan los procesos de expulsión de personas condenadas por delitos y eliminan la gratuidad en el acceso a la salud pública para migrantes en situación irregular o con residencia temporal.

Estas reformas fueron establecidas mediante un decreto de necesidad y urgencia que entrará en vigor una vez sea publicado oficialmente. Aunque la Constitución argentina permite este tipo de decretos, también contempla que el Congreso puede revocarlos si ambas cámaras los rechazan.

Milei, quien asumió el poder a finales de 2023, ya había anticipado durante la apertura del año legislativo en marzo que endurecería las políticas migratorias, siguiendo una línea similar a la de gobiernos como los de Estados Unidos y El Salvador, con quienes mantiene estrechas relaciones.

Estas modificaciones ocurren en la antesala de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, donde su partido busca desplazar al PRO, fuerza política conservadora que ha gobernado durante casi dos décadas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó las medidas al señalar que la política vigente hasta ahora invita al caos y al abuso de muchos vivos, que lejos están de venir al país de forma honrada.

Además, detalló que el Ejecutivo impulsará la deportación de personas con antecedentes penales y establecerá el cobro de servicios de salud a extranjeros sin residencia permanente.

En un comunicado oficial, el gobierno afirmó que; 

"Las facilidades extremas que hasta la fecha existían para ingresar a Argentina hicieron que, en los últimos 20 años, inmigraran un millón 700 mil extranjeros de forma irregular a nuestro territorio"

Aunque no se precisó el estatus migratorio actual de estas personas.

Según datos del censo de 2022, casi dos millones de extranjeros vivían en Argentina, lo que equivale a un 4.2% de la población. Las principales nacionalidades eran Paraguay, Bolivia y Venezuela.

El Ejecutivo explicó que la reforma tiene como objetivo "instaurar orden" en un sistema que, según su versión, fue alterado por "la complicidad de políticos populistas" en referencia a gestiones anteriores, como la de Cristina Fernández de Kirchner, caracterizadas por una política migratoria más flexible.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se advirtió que es difícil establecer la cantidad exacta de inmigrantes en situación irregular. Sin embargo, se indicó que los procesos de regularización aplicados en los últimos años permitieron que "alrededor de un millón de personas" obtuvieran documentación formal.

Respecto al sistema sanitario, el gobierno justificó las nuevas restricciones alegando que miles de personas cruzan desde países vecinos para atenderse gratuitamente en hospitales nacionales, lo que representa un alto costo económico.

En ese sentido, Adorni criticó los llamados "tours sanitarios" de extranjeros que "vienen, se atienden y vuelven inmediatamente a su lugar de origen".

Cabe destacar que algunas provincias como Santa Cruz, Jujuy, Salta y Mendoza ya habían comenzado a cobrar por servicios de salud a migrantes con residencia provisoria, y la ciudad de Buenos Aires adoptó la misma política en marzo de este año.

Pese a estas reformas, sigue vigente una ley aprobada en 2003 que establece que "no podrá negársele o restringírsele en ningún caso el acceso al derecho a la salud" a cualquier persona extranjera, "cualquiera sea su situación migratoria", aunque también indica que los centros de salud deben asesorar a los pacientes sobre cómo regularizar su estatus migratorio.

Esa misma legislación impide el ingreso y permanencia en el país de personas involucradas en delitos penales según la normativa local.