Condenan a García Luna y su esposa a pagar millones de dólares

MIAMI, EE. UU.— 

FALLO EN MIAMI CONTRA GARCÍA LUNA

• Un tribunal civil en el condado de Miami-Dade dictaminó que el exfuncionario mexicano Genaro García Luna y su esposa, Cristina Pereyra, deberán reembolsar al Estado mexicano un total de 2,488 millones de dólares, tras ser encontrados responsables de participar en una red de contratos ilícitos vinculados con dependencias de seguridad en México.

La jueza Lisa Walsh emitió la resolución luego de que el gobierno mexicano solicitara una sentencia directa, argumentando que los acusados no se presentaron ni enviaron representación legal para enfrentar el proceso civil iniciado en 2021.

Según el dictamen judicial, García Luna está obligado a devolver 748 millones de dólares, mientras que a su esposa se le impuso el pago de 1,740 millones, debido a su rol activo en el ocultamiento y manejo de bienes obtenidos mediante recursos ilícitos.

Las autoridades mexicanas acusan que, bajo la protección de García Luna, un grupo empresarial ligado a la familia Weinberg—de origen israelí—logró asegurar 30 contratos gubernamentales de forma indebida, lo que resultó en la apropiación de más de 634 millones de dólares provenientes del erario.

Dichos fondos habrían sido canalizados hacia Florida a través de paraísos fiscales y utilizados para adquirir propiedades y otros activos.

En la demanda civil presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se argumenta que al no contestar formalmente la acusación, los demandados aceptaron implícitamente los hechos descritos en el expediente, lo cual justificó el fallo en su contra sin necesidad de juicio.

La acción legal, interpuesta el 21 de septiembre de 2021, buscaba recuperar activos vinculados a la red de corrupción, entre ellos 28 inmuebles ubicados en Florida, de los cuales 18 ya fueron vendidos—una docena antes del litigio y seis más durante el proceso.

La UIF detalló que, entre 2012 y 2018, García Luna y sus colaboradores obtuvieron indebidamente al menos 250 millones de dólares por contratos amañados con dependencias de seguridad pública.

En total, la red bajo su dirección habría recibido 580 millones de dólares, gran parte de los cuales fue transferida al extranjero para ser blanqueada mediante inversiones inmobiliarias.

El tribunal había establecido como fecha límite el 28 de abril para que las partes llegaran a un acuerdo o iniciaran juicio.

Al no recibir respuesta ni colaboración, la jueza procedió con la resolución definitiva. García Luna nunca manifestó interés en defenderse y, aunque Pereyra tuvo representación legal en un principio, su abogado se retiró más adelante y ella no acudió a ninguna audiencia de conciliación celebrada desde 2024.