Piden justicia para los 33 en Venezuela

Perseguir y discriminar con base en la orientación sexual e identidad de género viola las garantías constitucionales

Piden justicia para los 33 en Venezuela

Más de 130 organizaciones venezolanas e internacionales rechazaron la detención arbitraria e irregular de 33 hombres gays/bisexuales en una sauna del estado Carabobo, Venezuela.

  • El domingo 23 de julio de 2023 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana allanaron de manera arbitraria e irregular una sauna privado para hombres homosexuales/bisexuales localizado en una zona comercial de la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, donde detuvieron sin orden judicial ni de captura a 33 hombres adultos gays/bisexuales, alegando que supuestamente habían recibido denuncia anónima por contaminación sónica. 

Durante el allanamiento no se encontraron menores de edad ni ningún tipo de sustancias ilícitas, según el acta policial. Varios de los detenidos denunciaron que algunos funcionarios policiales les exigieron el pago de 500 a 1000 dólares americanos para ser liberados en ese momento.

  • El lunes 24 de julio la policía no les garantizó la protección de la privacidad, identidad e integridad a los 33 detenidos, puesto que les sometieron al escarnio público por ser homosexuales, mostraron públicamente sus rostros, nombres y apellidos, cédulas de identidad, fotografías, celulares y condones, informaron que uno de los detenidos tenía el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y que algunos teléfonos personales mostraban contenido sexual, como pruebas del supuesto delito cometido, lo que fue difundido por redes sociales de varios medios de comunicación y periodistas. 

Estos hechos ocasionaron críticas, discriminación, estigma y señalamientos públicos que dañaron de manera irreversible la dignidad de estas personas y sus familiares.

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La detención de estos 33 hombres adultos superó las 48 horas en la Delegación de Los Guayos en Valencia, en cuyo lapso no se les permitió tener contacto con sus familiares y abogados.

  • Perseguir y discriminar con base en la orientación sexual e identidad de género viola las garantías constitucionales y constituye una violación a derechos humanos. Todas las personas son iguales ante la ley y al mismo tiempo que son distintas de manera individual.  No existe una única forma de sentir y amar, y tal diversidad no constituye delito, ni podría justificar detenciones arbitrarias, violencia o negación de derechos.

La constante persecución contra la comunidad LGBTIQ+ también son hechos de persecución contra toda la sociedad porque significa un importante retroceso de las libertades en Venezuela.

En Venezuela los medios tienen responsabilidad en no fomentar la discriminación por vivir con VIH, tal como lo señalan los artículos 1, 3, 7, 8, 9 y 13 de la Ley para la promoción y protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o SIDA y sus familiares.

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TESTIMONIO

Mientras tomaba una bebida en la sala de estar, Iván Valera Benitez escuchó una alerta:

“Comando de la Policía Nacional Bolivariana. ¡Manos arriba, quédense quietos!”.

El joven venezolano de 30 años estaba el domingo 23 de julio en el Club Avalon, pensó que era una broma. Aquel era un club privado que disponía de saunas y salas de masajes, un restaurante y una sala de fumadores. Se cobraba entrada y el catálogo de servicios podía consultarse en las redes sociales.

Los uniformados pidieron a los empleados y clientes que los acompañaran hasta la comandancia policial “en calidad de testigos”. Todos siguieron la instrucción, aunque no entendían de qué eran testigos.

Iván y otros 32 hombres estuvieron detenidos durante tres días y fueron presentados ante el Ministerio Público venezolano sin entender por qué.

Medios locales reportaron que se trataba de una “orgía clandestina”, en la que se habría encontrado “material pornográfico”. Sin embargo, los abogados de la defensa aclararon que no hay pruebas de ello en las actas policiales.

Los policías dicen que es una revisión de rutina y nos piden las cédulas para verificar si teníamos antecedentes o si estábamos solicitados (por la justicia). Luego nos dicen que la revisión va a ser en el Comando de la Policía Nacional Bolivariana y que debemos ir en calidad de testigos. Nos vamos en nuestros propios carros de buena fe. Llegamos a la comandancia como a las 6:00 de la tarde. Allí empieza todo lo malo. Cuando revisan las cédulas, se dan cuenta de que nadie está solicitado ni tiene antecedentes. El policía dice: “Están limpios. Aquí no hay nada”. Pero nos llevan a la oficina del jefe de la comandancia y nos requisan, nos quitan los teléfonos y entendemos que nos están incomunicando. Yo sentía preocupación, pero pensaba: “Este procedimiento está mal hecho por donde lo veas, esto no va para ningún lado”.

“¿Esto eres tú?”

Cuando nos quitan los teléfonos, se exige que cada uno dé la clave. Una funcionaria agarraba el teléfono (de alguien), lo desbloqueaba y empezaba a revisar sus fotos, sus videos, su vida privada. Y le decía: “¿Esto eres tú? ¿Esto es lo que tú haces? Llamaba a sus compañeros funcionarios y les decía: “Tan calladito que se ve y mira lo que está haciendo. ¿Este es tu miembro?”.
Nos enteramos de que nos volvimos virales cuando uno de los funcionarios muestra un (video de) TikTok y dice: “Ya los conocen en todos lados”. Lo peor es que estaba rodando como una noticia desfasada de la realidad, que le daba morbo a la situación. Ya era un tema homofóbico, moralista. Estábamos siendo sometidos al escarnio público y a nadie le importó lo que estaba ocurriendo con nosotros.



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