Jueza ordena corrección de condiciones inhumanas en Centro de Procesamiento de Adelanto

ORDENA AL ICE CORREGIR CONDICIONES INHUMANAS

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a GEO Group, empresa privada que administra el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, corregir de inmediato las condiciones de detención al considerar que podrían violar la Constitución estadounidense.

¿QUÉ CONDICIONES INHUMANAS FUERON ORDENADAS CORREGIR EN EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE ADELANTO?

• El centro ha sido señalado por la muerte de cuatro ciudadanos mexicanos bajo custodia.

La jueza Sunshine S. Sykes determinó que existen elementos suficientes para considerar que la falta de agua potable, alimentación adecuada, atención médica oportuna y condiciones dignas de higiene podrían constituir un trato inhumano, prohibido por la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La resolución deriva de una demanda colectiva presentada en enero de este año por personas detenidas en el centro, con el respaldo de la organización legal Public Counsel.

La acción judicial surgió tras las muertes de los mexicanos Ismael Ayala Uribe y Gabriel García Avilés, ocurridas con pocas semanas de diferencia, además de múltiples denuncias por las condiciones de reclusión.

En su resolución, la jueza concluyó que los demandantes "han demostrado que es probable que prevalezcan" en sus reclamos, por lo que concedió una medida cautelar mientras continúa el juicio de fondo.

La orden judicial obliga a las autoridades y a la empresa operadora a garantizar agua potable las 24 horas del día, alimentos con el aporte calórico suficiente, productos de higiene gratuitos, limpieza diaria de las instalaciones y eliminación de moho.

• También deberán proporcionar cobijas y ropa adecuada al clima, además de asegurar que los detenidos tengan al menos cuatro horas diarias de acceso al patio.

Asimismo, restringe el uso del aislamiento como medida disciplinaria y ordena realizar dos pases de lista diarios para verificar que todas las personas bajo custodia se encuentren con vida.

En materia de salud, la resolución establece que el gobierno estadounidense deberá presentar en un plazo de 14 días un plan integral de atención médica para los migrantes detenidos. Además, dos monitores independientes supervisarán el cumplimiento de todas las medidas impuestas por la Corte.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) evitó pronunciarse sobre la decisión judicial. Durante el proceso, los abogados del gobierno argumentaron que la administración federal no podía ser considerada responsable de las acciones de GEO Group, al tratarse de una empresa contratista encargada de la operación cotidiana del centro.

La decisión de la jueza se produce después de varios meses de denuncias por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos. Desde el pasado 20 de mayo, alrededor de 40 migrantes detenidos en Adelanto y en el centro anexo Desert View Annex iniciaron una huelga de hambre para denunciar la deficiente atención médica y la escasez de alimentos.

Entre los testimonios presentados durante el proceso destaca el de Eva Huerta, esposa de uno de los detenidos, quien aseguró que, cuando su esposo reportó dolor en el pecho, únicamente recibió dos tabletas de Tylenol, algunas mentas y sobres de sal para hacer gárgaras.

Las denuncias también llegaron al Congreso de Estados Unidos. El pasado 1 de junio, los representantes demócratas Jimmy Gomez, Pete Aguilar y Judy Chu realizaron una visita al centro de detención y posteriormente denunciaron presuntas represalias contra varios migrantes con quienes sostuvieron reuniones, incluyendo aislamientos, traslados y, en un caso, una deportación que organizaciones legales consideran violó una orden judicial.

Tras conocerse el fallo, la congresista Judy Chu calificó la decisión como "una victoria importante", aunque lamentó que no pueda "borrar los años de sufrimiento evitable" que, afirmó, han enfrentado los migrantes recluidos en Adelanto.

REACCIONES Y CONSECUENCIAS TRAS LA ORDEN JUDICIAL

El caso también generó un nuevo diferendo diplomático entre México y Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores envió una carta a GEO Group exigiendo que cesaran las acciones u omisiones que habrían derivado en la muerte de ciudadanos mexicanos y reclamando atención médica inmediata para los detenidos.

Sin embargo, el Departamento de Estado devolvió la misiva al gobierno mexicano al considerar que representaba un intento de intervenir en la operación de autoridades estadounidenses. En respuesta, la embajada de México sostuvo que la comunicación formaba parte de las labores de protección consular reconocidas por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

De acuerdo con cifras oficiales, 18 mexicanos han fallecido bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, un panorama que mantiene bajo escrutinio las condiciones en los centros de detención migratoria de Estados Unidos.