México exige respeto a derechos

AVANZAN DETENCIONES

En un preocupante repunte de las políticas migratorias bajo la nueva administración estadounidense, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha detenido a mil 154 ciudadanos mexicanos tan solo en lo que va de junio.

De ellos, 222 fueron arrestados entre el 6 y el 19 de junio, en una serie de operativos realizados en ciudades como Los Ángeles, Oxnard, Vinton (Luisiana), Omaha, Boston y Carolina del Sur.

Las acciones han encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes advierten sobre una posible criminalización generalizada de los migrantes.

En algunos casos, los operativos se han llevado a cabo sin órdenes judiciales claras o sin notificación inmediata a los consulados correspondientes, lo que vulnera tratados internacionales y agrava la incertidumbre entre familias migrantes.

• En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha desplegado personal consular a los centros de detención para verificar el estado de salud y los derechos legales de los connacionales. Asimismo, ha solicitado formalmente al gobierno de Estados Unidos que garantice el derecho de los detenidos a comunicarse con sus familias y acceder a representación legal.

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó una atención prioritaria y cercana a los casos, destacando que "ningún mexicano debe enfrentar solo un proceso migratorio, sin respaldo del Estado". Además, se giró una nota diplomática al Departamento de Estado exigiendo respeto a los derechos humanos y transparencia en los procedimientos de detención y deportación.

Expertos señalan que este aumento en las detenciones podría marcar una nueva etapa en las políticas migratorias, con un enfoque más punitivo tras el regreso de Donald Trump a la presidencia. Las comunidades migrantes, por su parte, viven con miedo e incertidumbre, reforzando la necesidad de redes de apoyo legal, emocional y comunitario.

Organismos internacionales, incluidos representantes de la ONU y la OEA, han comenzado a monitorear la situación ante posibles violaciones a tratados de derechos humanos firmados por Estados Unidos.