Riesgos financieros por deportación: medidas de la orden ejecutiva

TRUMP ENDURECE CONTROL FINANCIERO Y ORDENA MAYOR REVISIÓN BANCARIA SOBRE CIUDADANÍA DE CLIENTES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que instruye a las instituciones bancarias y a los organismos reguladores a reforzar la supervisión sobre la ciudadanía de sus clientes, como parte de una estrategia más amplia para endurecer las medidas contra personas que residen en el país sin autorización migratoria.

La disposición establece que las agencias encargadas de regular el sistema financiero deberán coordinarse con distintas dependencias federales para detectar posibles casos en los que personas sin un estatus migratorio regular abran cuentas bancarias, soliciten tarjetas de crédito o accedan a préstamos dentro del sistema financiero estadounidense.

Aunque la medida representa un endurecimiento en la política migratoria y financiera de la administración Trump, su alcance final fue menos severo de lo que varias instituciones bancarias anticipaban.

• Versiones preliminares señalaban que la Casa Blanca evaluaba exigir a los bancos recopilar de manera obligatoria información específica sobre ciudadanía o situación migratoria de cada cliente, una disposición que finalmente no fue incluida de manera explícita en la orden firmada.

De acuerdo con el documento emitido por la Casa Blanca, la administración argumenta que existe un posible riesgo para las entidades financieras si una persona que mantiene obligaciones crediticias es deportada y, como consecuencia, queda imposibilitada para cumplir con pagos pendientes de préstamos, hipotecas o líneas de crédito.

El gobierno estadounidense sostuvo que no permitirá que el sistema financiero asuma riesgos derivados de la concesión de productos bancarios a personas consideradas inadmisibles o sujetas a procesos de deportación.

No obstante, especialistas han señalado que no existen datos públicos sólidos que permitan medir con precisión el nivel real de riesgo financiero asociado a este sector de la población, debido a que históricamente los bancos en Estados Unidos no han solicitado ni almacenado información relacionada con ciudadanía o estatus migratorio de sus usuarios.

La falta de estadísticas verificables ha generado cuestionamientos sobre el fundamento técnico de la medida, así como preocupaciones entre organizaciones defensoras de derechos civiles, que advierten que podría derivar en prácticas discriminatorias o mayores barreras para el acceso a servicios financieros.

Esta orden se suma a una serie de acciones impulsadas por la administración Trump orientadas a reforzar el control migratorio y restringir distintos espacios de acceso para personas sin autorización legal de permanencia en el país, ampliando el alcance de sus políticas más allá del ámbito fronterizo y trasladándolas al sistema económico y financiero.