Adán Augusto: las percepciones y las buenas cuentas

Recién abierto el periodo de licitación de la obra pública, primeros meses de 2019, un empresario local de la construcción buscó al gobernador Adán Augusto López Hernández. El hombre de negocios acudió a él, confiado en que nada había cambiado, que su amigo personal le echaría la mano para ganar contratos.

Después de escucharlo detenidamente, el mandatario fue tajante en su respuesta: si quieres participar, adelante, pero tendrás que ganar la licitación con una propuesta seria, no por el favor del gobernante. Eso ya no es posible, se acabaron los negocios al amparo del poder.

Antes de que el visitante abandonara el despacho principal de Palacio de Gobierno, López Hernández le hizo una clara advertencia: si ganas la licitación en buena lid, me dará mucho gusto; si llego a saber que hubo transa, no vuelves a participar en contratos de obra gubernamental. 

Dos servidores públicos de una dependencia estatal creían lo mismo que el empresario constructor, que todo seguía igual, que se podían obtener ganancias con las licitaciones, como se hacía en el pasado reciente y más atrás. 

Ofrecieron sus buenos oficios para conseguir una jugosa comisión. La negociación se llevó a cabo, pero se les cayó. Nunca imaginaron que el Ejecutivo estaría pendiente de este y de todos los procesos de licitación que la administración estatal ha convocado. Los cacharon en la maroma y pagaron las consecuencias.  

Los funcionarios fueron cesados de manera fulminante y se les abrió un expediente administrativo. Se confirmaba, en los hechos, que no habría tolerancia a la corrupción y a la impunidad en este gobierno.

Lo dijo durante su campaña y luego en su toma de posesión, lo reafirmó en su primer informe de gobierno: el combate frontal a la corrupción es a fondo.

UN AVANCE DOCUMENTADO

Los resultados que arrojó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), dados a conocer la semana pasada por el INEGI, confirman que ese compromiso es genuino, no una simple postura política.

En su primer año de gestión, el gobierno de López Hernández redujo 41. 2 por ciento los actos de corrupción, comparado con 2017, el penúltimo año del exgobernador Arturo Núñez Jiménez, a quien se le cuestiona con dureza porque ofreció combatirla, pero no quiso o no pudo, o algunos colaboradores se pasaron de vivos, según denuncia de actores políticos.  

Las cifras de la ENCIG son muy claras: Tabasco fue el que más redujo los índices de corrupción en 2019, tanto en su prevalencia como en su incidencia. El mejor calificado en el sureste del país y de los primeros a nivel nacional.

Es digno de destacarse, porque estamos hablando de unos de los problemas que más daño ha causado al país y al estado, y que para los tabasqueños es el tercero en importancia, solo detrás de la inseguridad y delincuencia y el desempleo, de acuerdo con el INEGI.

Este logro se tradujo en un costo menor de corrupción por persona, que en el estado es de apenas 1.6 por ciento, comparado con el 40. 8 por ciento de Yucatán es abismal, la entidad que reportó el nivel más alto de todo el país.

A López Hernández le tocó iniciar su administración en condiciones difíciles, heredadas por su antecesor. Recibió un estado sumido en crisis, al borde del colapso. Logró salir de ese atolladero. No se dedicó a quejarse, sino a poner orden y a organizar mejor la administración pública.

Hizo suya la política de austeridad implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y declaró la guerra a la corrupción. Si bien dijo que no habría cacerías de brujas o persecución contra exfuncionarios señalados de corruptos, tampoco se haría de la vista gorda, sino que los casos denunciados ante la Fiscalía General del Estado seguirían su curso legal.

Así ha pasado. No se trata hacer de la ley un espectáculo, como ha sucedido en gobiernos anteriores.

En febrero de 2019 creó la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado para combatir la corrupción y coadyuvar con su contraparte federal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el brazo persecutor de la Secretaría de Hacienda contra los delitos de lavado de dinero y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La UIPE ha aportado su grano de arena en la lucha contra la corrupción y ha entregado buenas cuentas al mandatario, sin aspavientos, de callada manera. La Función Pública ha hecho también su parte, como órgano de control interno de la administración estatal. Otro tanto le corresponde al Órgano Superior de Fiscalización.

El gobernador López Hernández está muy pendiente de todos los procesos de licitación y, de hecho, de todo el comportamiento del aparato gubernamental, porque no quiere dejar ningún resquicio a la tentación.

No se trata de echar las campanas al vuelo por este resultado satisfactorio, pero tampoco estamos hablando de un logro menor. Es alentador y una confirmación de que aquí no aplica la frase acuñada en los años dorados de la corrupción nacional: el que no transa no avanza. Al menos no en este gobierno.

PARADA ESPECIAL

Ayer terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia pero no concluye  la emergencia sanitaria. La Jornada Nacional se traslada ahora a Jornadas Estatales en las que cada gobierno, cada comunidad, cada organización, tiene la responsabilidad de colaborar a combatir los contagios. Esto sigue y será más breve mientras más responsables seamos.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), dada a conocer la semana pasada por el INEGI, demostró que