La presidenta, sin inmutarse, declara ignorar si Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente López Obrador, ha iniciado el proceso para adquirir la nacionalidad española. Afirma, sin embargo, que goza del derecho para hacerlo. Con tranquilidad, sin sobresaltos, la presidenta Claudia Sheinbaum le hace frente a una pregunta que, los opositores a la llamada cuarta transformación, supondrían que causaría grandes problemas a la presidenta porque Beatriz jugó un papel importante en la promoción de las exigencias de disculpas del gobierno español a los pueblos originarios por la conquista y la imposición de la religión católica. Pero, para decirlo en la retórica lopezobradorista, la verdad es que la posible decisión de Gutiérrez de alcanzar la españolidad le vino a Claudia "como anillo al dedo". Por tres razones.

La primera, porque al hacer ver que se ha enterado del hecho a través de las redes sociales, la presidente envía, subliminalmente, un mensaje que es el que desea que se lea con cuidado: no tiene comunicación con el ex presidente, no ha sido informada del posible movimiento. De esa manera, señores que no se cansan de especular que gobierna en calidad de marioneta ¡olvídense de su teoría conspirativa!

La segunda porque ante la insistencia de analista críticos que han señalado que no ha habido desmentidos por parte de Beatriz a los señalamientos, la presidenta (que muy posiblemente sí está informada) no afirma, pero tampoco desmiente dejando la puerta abierta para que, una vez que la solicitud no pueda ocultarse en caso de que se haya realizado, haya manera de acallar las críticas: la señora Gutiérrez Müller tiene el derecho, por razones familiares, de convertirse en española.

Y así, y ésta es la tercera, determina que el eje de discusión deberá ser el derecho inalienable de todo mexicano con ascendencia española para reclamar la ciudadanía de la madre patria.

El hecho viene a sumarse a las acusaciones con las que la presidenta respondió a los señalamientos del ex presidente Ernesto Zedillo sobre la destrucción de la incipiente y mejorable democracia mexicana, con la clara intención de convertir al régimen político en tiranía. Claudia Sheinbaum sacó del baúl de los fantasmas los recuerdos del FOBAPROA, recurriendo a la construcción que, desde la oposición de izquierda de los años noventa —en los cuales López Obrador ya jugaba un papel importante— se forjó alrededor del rescate bancario: mega fraude. De nueva cuenta surgieron cifras y nombres, y se ocultaron otras y otros, pero se consiguió lo que se pretendía: darle la vuelta a la discusión, evitar la confrontación porque la argumentación oficial frente a la expuesta por el expresidente sería débil, sino es que raquítica. Nadie puede negarle al ex presidente que tuvo razón, al menos, en un asunto: sus argumentos jamás fueron considerados, mucho menos rebatidos.

Pero conviene que nos enfrasquemos con la llamada "traición" de Beatriz Gutiérrez y con la impagable deuda del FOBRAPOA: así volteamos hacia otro lado y nos olvidamos del asunto candente que dominaba la agenda pública hasta que el artículo de Zedillo en Letras Libres ganó visibilidad: la llamada ley censura. La decisión de organizar un "debate parlamentario" sobre la ley y la indicación de la presidenta de que se elimine el artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones que faculta a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a bloquear temporalmente plataformas digitales, redes sociales, sitios web y aplicaciones sin necesidad de una orden judicial, por razones ambiguas —pues no son definidas en el texto— como la protección de la seguridad nacional, la estabilidad social o el orden público. Serán escuchados, se dijo, expertos, académicos y activistas. Los congresistas opositores han señalado que la forma en la que el debate se ha organizado, especialmente en materia de tiempo concedido a los participantes y al número de preguntas y el tiempo para hacerlas hacen presumir que esta supuesta apertura resultará igual a la que el régimen tuvo cuando decidió someter al análisis público la reforma judicial.

Ocupémonos de un asunto, cerrado ya y súper analizado, de hace casi treinta años y dejemos de prestarle atención a las consecuencias que para las libertades de expresión y de participación política tendrán la ley censura y la conformación de un nuevo poder Judicial cercano al poder Ejecutivo. Pongamos atención a unos audios —de dudosa autenticidad— que ligarían a Nilda Patricia Velasco, esposa del ex presidente Zedillo al crimen organizado y desgañitémonos pidiendo su persecución, a pesar de que cuando circularon videos de López Obrador saludando a la mamá del Chapo, de que él mismo reconoció haber ordenado la liberación de Ovidio y sus familiares realizaron una rueda de prensa para agradecerle al presidente el gesto y de que Loret de Mola dio a conocer varios audios que incriminaban a los hijos del ex presidente en negocios turbios de la obra pública, los ignoramos o los aplaudimos como actos de humanismo, que, entre otras cosas, "evitaron masacres".

Ignoremos la información de los TelevisaLeaks, según la cual Arturo Zaldívar, pilar de la reforma al poder Judicial, no sale nada bien librado. Dejemos de lado, asimismo, los excesos de Adán Augusto, quien por la mañana aplaude las líneas de austeridad que deben regir los comportamientos de los morenistas y por la noche vuela a Francia en primera clase, luego de haber pagado poco más de un millón de pesos por tres vuelos en Air France.

Ésas son las ventajas de la esfera pública polarizada: los asuntos nacionales a ser debatidos son los que marca el poder y bajo los parámetros que dicta y le convienen. De esa manera, si antes no existía una discusión pública del todo racional, hoy día ha terminado por ser una alharaca de fanatismos que facilitan lo que Zedillo ha pronosticado: la tiranía.