Altar Mayor

Muchas veces se ha dicho que la obesidad del Estado –léase el alto número de dependencias federales— significa un elevado gasto público que, indudablemente, genera limitantes presupuestales en proyectos o programas oficiales que contribuyan a la mejoría de los distintos segmentos sociales de nuestro país.

A mediados de Abril pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara Federal de Diputados una iniciativa de reforma orientada a que el gobierno federal se apriete más el cinturón durante el último año de su gestión que concluye el 30 de septiembre de 2024.

Tal propuesta, según se sabe, plantea reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para con ello suprimir, fusionar o incorporar 18 instituciones cuyas funciones no se consideran esenciales o presuntamente están duplicadas y por ello, según el análisis hecho por la Presidencia de la República, representan un gasto innecesario para el país.

“La reorganización que se propone permitirá eliminar la dispersión de recursos públicos, para dirigirlos al cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado, que consisten en satisfacer necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo nacional”, cita textualmente el documento donde se explica la decisión de adecuar la estructura orgánica federal.

Por ejemplo, se plantea eliminar por completo el Sistema Nacional Anticorrupción creado en 2015 tras una reforma constitucional en tanto que a los otros 17 organismos se pretende integrarlos a otras dependencias como en el caso de la Comisión Mexicana de Ayuda  Refugiados (Comar) que pasaría de ser un órgano desconcentrado a una dependencia de la Secretaría de Gobernación.

Otras instituciones que estarían destinadas a fusionarse de manera sectorial serían el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el Fideicomiso de Fomento Minero, la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de la Economía Social, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Dirección General de Publicaciones y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

De acuerdo a la propuesta presidencial todas esas dependencias tienen funciones duplicadas de “manera innecesaria” y el propósito de esta reorganización es reorientar el presupuesto federal para enfocarse en la atención de mayores rezagos sociales.

A propósito, observe usted lector querido estos datos: Actualmente, el gobierno mexicano está formado por 19 secretarías de Estado, 73 órganos desconcentrados, 108 organismos descentralizados, 72 empresas de participación estatal mayoritaria, 17 fideicomisos públicos y 15 empresas productivas del Estado y subsidiarias y la mayor parte de estos organismos fueron creados a partir del Gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Y por cierto, no es la primera vez que el presidente López Obrador realiza cambios para reducir la estructura del gobierno federal pues desde su campaña política se pronunció por fomentar durante su mandato la llamada “austeridad republicana” con el fin de reducir los gastos en toda la estructura del gobierno federal.

Otros datos: en noviembre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana; en 2020, por medio de un decreto presidencial, el presidente AMLO eliminó 10 subsecretarías de las secretarías de Estado, consideradas como innecesarias y en julio de 2022, anunció que apretaría todavía más el cinturón a la administración pública.

El Presidente AMLO cuando le cuestionaron hace unas semanas sobre esta iniciativa de reducción del aparato burocrático del gobierno federal sostuvo que los organismos que propone eliminar fueron creados en una “época de derroche y gastos superfluos”. “No ayudan a la gente, no son para beneficio del pueblo”. (altar_mayor@yahoo.com.mx)