La vox populi es, sin duda alguna, la voz del pueblo, la voz sabia, la voz que la mayoría de las veces –aunque no querramos aceptarlo--  dice la verdad.

Verdad sustentada en hechos específicos que pueden causar molestias pero que, a final de cuentas no pueden evadirse ni tampoco echar de menos.

Y  en ese sentido nuestros ancestros tenían mucha razón cuando solían decir que  "el que siembra  en tierra ajena...hasta la semilla pierde". Aunque hay excepciones cuando el sembrador perderá la oportunidad de continuar usufructando algo que no es su propiedad pero "la semilla", o sea las ganancias obtenidas de manera ilegal, teniéndolas en su poder ya es difícil que las reintegre.  

Como el caso ocurrido el fin de semana donde se puso al descubierto  un jugoso negocio de un particular que, aprovechándose de un permiso temporal que se le había otorgado la ex directora del Injudet, Sheyla Cadena (saber Dios bajo que truculencias) logró explotar durante 7 años un predio propiedad del gobierno del Estado.

El tema, que se volvió tendencia en redes sociales durante el fin de semana vino a exhibir a un popular corredor gastronómico ubicado en inmediaciones del parque La Choca  como un presunto negocio privado montado sobre un bien público.

Y es que las autoridades estatales –luego de haber licitado el predio donde estaba asentado ese corredor--  decidió recuperar el espacio quedando al descubierto que decenas de comerciantes pagaban renta a un particular por espacios instalados en dicho terreno propiedad del Gobierno de Tabasco.

Apenas la semana pasada la Secretaría de Finanzas había confirmado la venta del inmueble a la empresa Interservicios de Tabasco S.A. de C.V. por 201 millones de pesos. Los comerciantes asentados en el corredor gastronómico dicen que jamás fueron informados de que el predio pertenecía al Estado y tampoco que tenían que desalojarlo aunque hay evidencias de que sí fueron avisados oportunamente que hasta el día 8 de este mes tenían para desocupar ese espacio.

Muchos aseguran que durante años cumplieron puntualmente con el pago de rentas creyendo que el arrendamiento era legal: "Pagábamos a un particular, nunca al Gobierno del Estado, ni sabíamos que le pertenecía al gobierno. Ese es el detalle... entendemos que también fuimos parte de un fraude", declaró Horacio Solórzano, propietario del negocio Tercer Piso Rollos y Snack.

Tal declaración resume el sentimiento de alrededor de 120 familias que hoy enfrentan la pérdida de su fuente de ingresos mientras afirman haber sido utilizadas en un esquema del que desconocían su ilegalidad.

De acuerdo con información oficial, el empresario Edén Caraveo Carvalho, administrador de La Antojería Food Park, comenzó a operar en el predio en 2019 mediante un permiso temporal emitido por el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (Injudet), identificado con la clave INJUDET/DID/049/2019; dicho permiso únicamente estuvo vigente del 20 de febrero al 30 de junio de 2019. A partir de esa fecha nunca fue renovado, pese a que el complejo continuó funcionando durante aproximadamente seis años.

Aun así, el empresario habría arrendado alrededor de 40 locales, cobrando 6 mil pesos mensuales por espacio, lo que representa ingresos cercanos a 240 mil pesos al mes, es decir, 2.88 millones de pesos al año únicamente por concepto de renta.

En el tiempo que permaneció operando, los ingresos acumulados superarían los 20 millones de pesos, sin incluir los cobros por energía eléctrica y agua potable que, según el gobierno estatal, nunca fueron reportados.

Hay quienes se preguntan  ¿quién permitió esos seis años de ocupación? ¿Cómo fue posible que un permiso de apenas cuatro meses terminara convirtiéndose en un negocio privado que operó durante casi seis años, cobrando millones de pesos sobre un inmueble estatal?. ¿Quién recibió las rentas?  ([email protected])

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