Aprueba España el Ingreso Mínimo Vital; Colombia, el Programa de Ingreso Solidario

LA CRISIS sanitaria es ya una crisis humanitaria. No sólo, y es terrible, por los más de 400 mil 300 muertes en el mundo adjudicadas a la pandemia del COVID-19 y los más de 7 millones 350 mil infectados registrados –detrás de lo documentado hay mucho todavía-, sino por el impacto que ya tiene en las familias que no alcanzan o no alcanzarán cubrir sus necesidades básicas. El peso de la función protectora del Estado será mayor; lo mismo que las exigencias.

Le comentaba ayer que está en el debate en México el ingreso mínimo vital o la renta básica; también que de alguna manera las pensiones a los adultos mayores, las becas para estudiantes y para jóvenes, responden a un criterio de transferencia de recursos, así como los programas sociales productivos. Falta ahora lo que los especialistas llaman tasa de retorno…aunque la rentabilidad no se puede medir sólo en términos financieros sino también sociales.

Asegura un mínimo vital para las personas se convertirá ahora, ante el impacto del confinamiento en la economía, en un elemento indispensable para recuperar y mantener el mercado.

BUSCAR EQUILIBRIOS

LA REACCIÓN más común es la de quienes critican que el Estado “mantenga a quienes no trabajan, a costa de quienes sí trabajan”.  Esta afirmación tiene sus matices, porque en efecto las políticas gubernamentales deben estar dirigidas a proteger e incentivar el esfuerzo. Pero tampoco podemos ignorar que el viejo sistema propició una creciente y riesgosa desigualdad; la historia de la dominación por siglos también lo documenta. Es el momento de buscar los equilibrios; así lo plantean en Alemania, Francia, España, México.

Refiere Diana Guarnizo en El Espectador (Bogotá): “El ingreso mínimo vital (IMV) fue aprobado en España hoy 10 de junio. Se trata de una prestación social financiada por el Estado para asegurar una renta mínima a los hogares más vulnerables. Esta idea, que durante muchos años se discutió como una política posible solo dentro de reducidos círculos académicos, adquiere forma ahora en un país de casi 47 millones de habitantes. En Colombia, la idea de una renta básica (RB) se ha venido discutiendo como una medida útil para mitigar los efectos económicos de la Covid-19”.

Luego de explicar las características de la desigualdad en España y de la medida aprobada, añade:  “En Colombia se puso en marcha el Programa Ingreso Solidario (PIS) mediante el Decreto Legislativo 518 de 2020, en donde se estableció una transferencia monetaria no condicionada a 3 millones de hogares - o 9,4 millones de personas - en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que no fuesen beneficiarios de otros programas sociales del Gobierno como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. El monto de esta transferencia se fijó en 160.000 pesos colombianos e inicialmente se programó una sola transferencia por hogar durante el mes de abril, aunque en el mes de junio el gobierno anunció una nueva transferencia del mismo monto”.

¿RESPUESTAS TEMPORALES?

EN ESTOS, como en otros casos, los gobiernos han llegado a una conclusión que puso al descubierto la pandemia: el PIB (Producto Interno Bruto) no es suficiente para tener indicadores de calidad de vida, ni tampoco sirve para que los gobiernos midan el efecto de sus políticas sociales, y hasta de una economía sustentable.

Ayer, Laura Rojas, quien preside la Cámara de Diputados (federal), formalizó una iniciativa para incorporar al artículo cuarto de la Constitución, el derecho a un ingreso mínimo vital de emergencia. Cuenta con el apoyo de más de un centenar de legisladores. Aunque se aclaró que sería un apoyo económico temporal por un mínimo de 30 días y máximo de 90 días, para los mexicanos afectados en sus ingresos por la suspensión de actividades en la emergencia sanitaria.

Aunque el argumento sigue siendo que se trata de un apoyo a quienes se quedan sin ingresos durante la actual epidemia en México, en realidad como le decía tiene también un sentido pragmático: asegurar el mercado nacional. De poco sirve que se reabran las actividades y se produzca si no hay consumo. Es, entonces, también un respaldo a los empresarios.

AL MARGEN

A PRINCIPIOS de mayo le comentamos en este espacio que por lo menos siete gobiernos estatales decidieron aplicar el “no circula” para vehículos particulares, con el fin de disminuir la movilidad en un momento en que la epidemia del COVID-19 estaba a la alza en contagios. En la Ciudad de México ampliaron una prohibición ya existente; en el Estado México de igual forma; en cambio Zacatecas, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas, exploraron esta medida, Tabasco y Guerrero la aplicaron primero en la modalidad de restricción de cupo en el transporte público y también en el uso del transporte privado. Esta semana se amplió la restricción en Tabasco y los resultados están sujetos a una  intensa polémica, sobre todo porque al mismo tiempo se reabrieron algunas actividades laborales. Largas filas de usuarios colocaron nuevamente en la mesa de decisiones de las autoridades una revisión de la medida; como sucedió con el cierre temporal de la venta de básicos.

De lo que se trata, sin duda, es hallar soluciones ante una situación inusual, extraordinaria. Cualquier medida tiene que estar acompañada de una acción solidaria de todos: empleadores y empleados, población y autoridades. El objetivo es común: disminuir al máximo los contagios. La participación social es determinante. (vmsamano@hotmail.com)