Atender pobreza, corrupción e inseguridad, fundamental contra criminalidad y violencia

MÁS que plazos lo que importa son los resultados, pero sobre todo las bases sólidas para llegar a ciertas metas. En los viejos sistemas se decía que “el fin justifica los medios”, pero la historia nos ha mostrado que los medios (las acciones para llegar a un objetivo), determinarán la calidad y sostenibilidad de lo logrado. Una expresión muy popular, que a la vez critica lo mal hecho, es cuando una obra “apenas aguantó entrega”. Esto es, que algo no soporta la prueba del tiempo, ni siquiera breve.

La seguridad o combate a la criminalidad es una cuestión prioritaria para los gobiernos federal y estatal que llegaron al poder tras los comicios del 2018, en especial los que provienen de las siglas de Morena. Así lo reconocieron desde un principio el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador tabasqueño Adán Augusto López Hernández. Sólo que ambos propusieron un nuevo enfoque con énfasis en las causas.

Se trata, coinciden, de quitarle el “piso social” a la delincuencia. Para AMLO esta tarea descansa en tres acciones clave: los programas sociales como parte del combate al desempleo y la marginación; la renovación y fortalecimiento de los cuerpos policiacos (apoyados en la Guardia Nacional); y el combate a la corrupción. 

Como es fácil de comprender, no son cuestiones que puedan tener resultados inmediatos, ni plazos definidos. Pero pueden ser medibles en su contexto. 

Obviamente que cambiar algo implica mover muchos resortes, afectar intereses. La tríada pobreza, corrupción, inseguridad, es una maraña compleja. Tiene además características nacionales, regionales y locales; sin ignorar los aspectos global, familiar e individual.

En el caso de la delincuencia y su expresión en la inseguridad son importantes los números, pero la contabilidad puede ser engañosa. Ya hemos visto cómo la percepción de mayor inseguridad no necesariamente corresponde a los lugares más violentos. Basta revisar los registros del INEGI y los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Lo mismo se puede decir de la aparente calma en “santuarios” de la delincuencia organizada…hasta que estalla el combate por las plazas.

CONTRA EL MAQUILLAJE

RECIENTEMENTE el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó: “Yo espero que, en cuando mucho un año más, ya estén establecidas las bases de la nueva etapa de la vida pública de México. Nada más eso pido, un año más para que esto cambie por completo”. Como lo expresó iniciando este mes, los plazos podrían ubicarse en noviembre del 2020. Aunque habrá que matizar: cada sector se comporta de manera distinta y requiere una acción gubernamental (y social) propia. Lo que ofrece AMLO es una política pública: un plan de bienestar integral. 

En el caso de la criminalidad y la violencia, AMLO se puso un plazo de seis meses para disminuir sustancialmente la incidencia a partir de la creación de la Guardia Nacional. Sin embargo, anunció que dará a conocer cómo sus antecesores maquillaron las cifras de delitos, por lo que las cosas están peor de lo reportado. Esto mismo, recordamos, lamentó el gobernador Adán Augusto López en referencia a la presumible conducta de los anteriores responsables del combate y prevención de la delincuencia en la entidad.

En efecto, en febrero de este año, el Fiscal General, Jaime Humberto Lastra Bastar, informó que había enviado un oficio al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Franco Fabbri Vázquez, para exponerle que durante 2018 se omitió el registro de 13 mil 219 delitos cometidos en la entidad. Por tal razón, señalaba, no fueron contabilizados en registro del SNSP. El análisis de la fiscalía tabasqueña concluyó que existía una “atipicidad del comportamiento de los indicadores” correspondiente al año pasado. 

De esta manera –de acuerdo al señalamiento de Lastra Bastar- mientras en 2017 fueron reportados 60 mil 395 delitos en 2018 la cifra cayó a 45 mil 052. Esto permitió presumir entonces un avance sustancial en materia de seguridad...lo que en realidad no sucedió. Por lo menos no de la manera que se dijo oficialmente.

El gobernador López Hernández se comprometió a no maquillar datos. Habrá transparencia, dijo. Ayer, estimó que se ha logrado a la fecha el descenso en un 21% de los delitos denominados de alto impacto social. Durante el banderazo de salida de 75 nuevos vehículos de apoyo a la operación de la Fiscalía estatal. Con apoyo de las fuerzas federales –indicó- hubo 3 mil 886 delitos de este tipo menos en comparación con 2018 (periodo enero-octubre).

De acuerdo los datos expuesto por el mandatario –y que seguramente se verán reflejados en el informe que rendirá el domingo próximo- en caso como el secuestro, donde Tabasco llegó a estar en el primer lugar nacional, el descenso fue del 63 por ciento;  el robo de vehículos, donde también la entidad se ubicó a la cabeza, ahora bajó un 41 por ciento; el abigeato, disminuyó 22.7; el robo a comercio, 30.5 y el feminicidio, 22 por ciento.

En el evento estuvo acompañado del fiscal Jaime Lastra; del presidente del Tribunal Superior, Enrique Priego y del titular de la Secretaría de Seguridad, Ángel Mario Balcázar, sobre quienes recae la responsabilidad de la procuración de justicia y el combate al delito a nivel estatal.

AL MARGEN

CLARO que la seguridad pública y el abatimiento de la criminalidad no podrán conseguirse sin una acción coordinada permanentemente con las autoridades federales… y la incorporación de la comunidad en tareas específicas.

(vmsamano@hotmail.com)