Austeridad electoral… ¿?

Pilar del régimen de la 4ta Transformación, la austeridad republicana alcanza a la Reforma Política Electoral próxima, presentada por Morena como proyecto de dictamen la semana anterior en la Cámara de Diputados federal,  que pretende desaparecer y liquidar los 32 organismos locales electorales (OPLES), incluido el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, para centralizar en el INE la organización de los comicios federales y también los estatales.

El INE tendría el desafío por organizar absolutamente todos los procesos electivos, ya no sólo los propios sino en todo el país, una atribución ya avanzada en consideración a que la reforma vigente, del 10 de febrero de 2014, le depositó  la monopolización del actuar de los OPLES que rige mediante la emisión de lineamientos y el reglamento de elecciones –por Acuerdo que data del siete de septiembre de 2016-, de observancia general.

Los OPLES como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, no hacen nada casi absolutamente sin antes presentar al INE el plan de actividades ordinarias y las preparatorias de sus comicios, para su enmienda si es que a su juicio lo hubiera, y su consecuente visto bueno, siguiendo las pautas de un legaloide reglamento que complica su ejecución, sin olvidar ceñir los propios acuerdos de consejo y de junta estatal ejecutiva.

La propuesta, aún por discutirse en comisiones antes de llegar al decreto a validar por las dos terceras partes del Congreso de la Unión y la mayoría simple de los locales, transgrede de fondo el factor federalismo, aunque en la forma Morena alude a un respeto a este precepto.   

El gran peligro que se corre para con la inminente nueva reforma política se tiene precisamente en la autonomía del INE, sobre todo porque los 32 Consejos Locales -que se integrarían por cinco miembros- serían renovados en su totalidad, mediante convocatoria pública por la Cámara de Diputados, dominada por Morena y aliados, con quienes podría imponer integrantes afines, como ocurrió al infiltrar en otras instancias que se suponen igual autónomas.

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se entiende es un poder equiparable al del Ejecutivo y Legislativo fue vulnerada al nombrarse como ministro a afines al régimen ¿qué se puede esperar del INE que requiere de perfiles absolutamente imparciales, sin etiqueta de partido político alguno, como árbitro de las elecciones? De ser así los dados de los juegos de la gobernanza estarían cargados.

La apariencia de libertad para con el Sistema Nacional de Elecciones centralizado supondría que igual sería controlado por el legislativo que con un órgano ex profeso, en el que los diputados tendrían mayoría para palomear a personajes de dudosa ciudadanía civil, con afinidad partidista terminando con una institución que costó décadas de luchas para erigirla.

Habida cuenta, el control en las organización de las elecciones estaría regido por incondicionales del régimen gobernante que domina los poderes de la Unión.

Preocupa que este proyecto de dictamen de reforma política electoral, presentado por el diputado Sergio Gerardo Gutiérrez Luna, en la cual modificarían los vinculados artículos 40, 41, 99, 116, 122 y 134, donde la austeridad republicana sería desde ya un factor para pretender el ahorro a como dé lugar en la organización de las elecciones, incluso se incorpora desde el sistema federalista del Estado mexicano hasta adicionarle como séptimo principio democrático rector.

Una forzosa “austeridad republicana y electoral”  que Morena como movimiento social investido de partido político quiere sí o sí implantar pondera que en conjunto las 30 estados con elecciones concurrentes en el 2018 ejercieron 9 mil 272 millones 293 mil 777.57 pesos, los partidos 4 mil 598 millones 202 mil 939.64 pesos, y por parte de los órganos jurisdiccionales, 1 mil 482 millones 767 mil 604.44 pesos; presupuesto oficial tomado de los portales.

Las elecciones locales, sin embargo, serían financiadas por los gobiernos de los estados al igual que las prerrogativas monetarias a partidos, reducidas a la mitad de lo actual. De tal suerte que aún estaría por verse si se cumple o no con el ahorro en atención a que la tarea de organizar las votaciones no es cuestión sencilla.

Defender lo suyo

Las recientes elecciones para el cargo de Presidente de México y en el caso de Tabasco para Gobernador, ambas celebradas en concurrencia el uno de julio de 2018, permitieron a los electores mostrarse a sí mismos que cuando se deciden salir a ejercer su derecho político auténticamente el voto secreto tiene validez y cuenta en la voluntad popular que decide a sus gobernantes en democracia.

El 71 por ciento de quienes eligieron votar constataron en esa histórica fecha que en verdad esta etapa de la jornada cívica es estrictamente ciudadana, al ser ésta la que como funcionarios de mesas directivas de casilla recibió y contó la decisión plasmada en la boleta de sus vecinos, y lo hicieron en presencia de representantes de partidos políticos además de observadores así como visitantes extranjeros.

Bueno fuera que el ciudadano, mexicano como tabasqueño, se empeñasen en la defensa de éste que quizás sea el último reducto del fundamental que no se puede permitir arrebatar que es la salvaguarda de decidir a sus autoridades ejecutivas y legislativas, no permitir que se les pretenda imponer como antaño ocurrió con el régimen priista. No se puede dar el lujo de regresar a esquemas inquisitorios del pasado.

Bitácora

Las elecciones con el discurrir del tiempo se encarecieron, en esencia por la desconfianza de los propios partidos que llevaron al extremo de implementar todas las medidas de seguridad posible; incluso a la credencial para votar, las boletas y el conjunto de documentación,  por mencionar algunos elementos, ante una suspicacia entre sí, transitada hacia las campañas en donde quien gana no ha sido del todo por un juego limpio sino por la ilegalidad a la que todos recurren.

eduhdez@yahoo.com