Atentar contra la democracia representaría una transgresión al orden constitucional que reglamenta al incumplimiento del artículo 41 de la carta política la cual mandata renovación periódica de los poderes Legislativo y Ejecutivo a realizar mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; una apuesta obsesionada por contravenirla  por querer imponerse ante a la autoridad facultada como institución  de carácter autónoma para este propósito.

Un riesgo absoluto que de haberse concretado cuando habría sido en detrimento del país que detonaría en conflictos poselectorales, considerando que este seis de julio de 2021 celebrará elecciones concurrentes en los 32 estados del pacto federado concurrente con la de diputados federales.

La más grande de las elecciones concurrentes y más complejas además de desafiante por ser casi de carácter general, sin precedente en la historia contemporánea de México; la voluntad popular elegirá 15 gubernaturas así como ayuntamiento, excepto Durango, y sus cámaras de diputados, excepto Quintana Roo. Procesos que con la rectoría del INE sobre los órganos locales exige un trabajo de precisión de un bisturí, no admite errores.

Haber concretado mezquino despropósito sería una traición a un ideal por cual como oposición fue combativa, pero que ahora por convenir a sus intereses de infiltrar al Instituto Nacional Electoral –que aún lo podría hacer con los cuatro nuevos consejeros generales por designar-, habría representado peligroso, ante la eventuales  derramamiento de sangre entre los diferentes de partidos, candidatos y sus afines, sangrando el entramado democrático, logradas sus bases cimentadas desde octubre de 1990 donde muchos de los actuales integrantes de la cuarta transformación fueron partícipes.

Un perverso cambio en las reglas del juego, incluido la remoción de la presidencia del INE, para tener al sistema nacional de elecciones a merced de un movimiento faccioso émulo del priismo un injerencista en el control en su época, quitando toda soberanía a un ente que sirve de contrapeso.

Sólo el proceso de renovación fallido por el liderazgo en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, previsto para agosto de 2019, representa un botón de muestra en cuanto a las salvajes confrontaciones -por decir lo menos- en asambleas locales para nombrar a delegados regionales que elegirían entre Yeidckol Polevnsky, hasta ese momento presidenta en funciones, Bertha Luján, Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente del senador Ricardo Monreal, y el diputado Mario Delgado, ambos presidente de sus respectivas juntas de coordinación política.

El régimen de la cuarta transformación que independientemente de los orígenes ideológicos formativos, en el caso de Morena poseedora de la “mayoría” en la cámara de diputados federales del Congreso de la Unión han intentado en repetidas ocasiones cambiar el texto constitucional electoral -y a la ley-, que para su procedencia exige la votación en pro de dos tres partes del pleno de los 500 legisladores.

Sin tomar en consideración a las bancadas de las minorías ni a las voces diversas convocadas a un parlamento abierto entre estas el INE y organismos estatales electorales, investigadores versados en el tema del Derecho Electoral, ni a los propios partidos, los afines al régimen en el poder han intentado de una manera dictatorial y autoritaria el llevar a cabo una revolución acorde a sus intereses, no así del equilibrio de la competencia ni de la voluntad popular que decide quién sí o no le gobierna en lo ejecutivo y legislativo.

En el Congreso de la Unión se presentaron 114 iniciativas de ley con proyecto de decreto entre diputados y senadores, esto durante el primer año legislativo iniciando su primer período ordinario de sesiones de septiembre a diciembre de 2018 y el correspondiente al segundo período ordinario de sesiones, entre febrero y  abril de 2019.

Entre este cúmulos de iniciativas, la generalidad relacionadas en temas como financiamiento público y paridad de género, destaca por mucho una integral de reforma política, presentada en marzo de 2019, denominada de “austeridad republicana y electoral”, que por sí misma denota a quienes fueron sus promotores.

Proyecto de reforma política que plantea la desaparición de los denominados organismos públicos locales, para que el Instituto Nacional Electoral organice las elecciones federales y estatales, para ahorrarse el financiamiento que hasta ahora se destina para ese propósito en las 32 entidades federativas. Por fortuna, la democracia prevalece.

Con absoluta simpleza los congresos en posesión mayoritaria en el ámbito federal y locales, pretenden cambiar a su modo el espíritu de una reforma político electoral en donde ningún provecho se tiene cuando no se tiene una consulta a los académicos universitarios, principalmente constitucionalistas.

Ahora que está en boga una austeridad no ponderada en su sesgado planteamiento que en definitiva impacta a para quienes son poseedores de la función pública de organizar las elecciones. No ponderan que parchar las reglas del juego resulta contraproducente, como el hecho pretender un ahorro económico  al prescindir de tajo con cierto eslabón sus asignaturas son absorbido por otros en estructura de los organismos, pero que en definitiva  requieren igual mayor financiamiento.

Aún más, en el escenario de que el NE absorbiera la realización también las votaciones locales por la obsesiva austeridad causaría un caos, en razón que no es lo mismo el ámbito federal respecto del local.

Bitácora

Una frívola decisión no reflexionada puede marcar diferencia entre el éxito y fracaso.