Caja de Pandora

No podemos ser indiferentes ante la tragedia de migrantes

De no ser por la prueba irrefutable de un video en el que claramente se observa, entre otros, a elementos del Instituto Nacional de Migración mirar  indiferentes cómo se intensificaba el incendio provocado por los mismos migrantes encerrados en la especie de cárcel en Ciudad Juárez  y la desesperación de los detenidos para que las autoridades quitaran los candados y los dejaran salir, la tragedia, como otras anteriores, ya caminaría hacia el olvido.

Nadie murió quemado, según el parte oficial. Los alrededor 40 hombres, mujeres y menores fallecieron ahogados por el intenso humo  y otros fueron canalizados a hospitales, se afirma. Algunos elementos del INM fueron acusados penalmente. Falta saber si agentes de seguridad privada que también laboraban ahí también fueron detenidos.

La tragedia del 27 de marzo ocasionó tal indignación dentro del país y a nivel internacional que el mismo Presidente de México tomó la decisión de desintegrar el INM.

Muchos eventos similares, muertes, desapariciones, en los que estuvieron  involucrados elementos del INM denunciaron los propios migrantes y  organizaciones defensoras de derechos humanos en las últimas décadas.

Cuántas vidas fueron cegadas no solo por grupo criminales de trata de persona con la complicidad muchas veces de agentes de migración. Y por qué no decirlo: como de la política del gobierno mexicano para acatar la exigencia de los gobiernos de los Estados Unidos para detener el flujo migratorio.

Lo anterior provocó la ola de violencia contra los migrantes. Por ejemplo, información periodística afirma que entre el 2019 y 2020 se registraron más de mil 300 eventos violentos solo contra personas regresadas a México desde Estados Unidos, bajo el Protocolo “Quédate en México”.

El 98 por ciento de esos eventos fueron contra mujeres y sus familias y en el 100% de los casos los perpetradores fueron policías de diferentes niveles, agentes de migración e integrantes del crimen organizado.

Datos estadísticos sobre delitos contra personas migrantes de la Secretaría de Gobernación aseguran que en 2022, mil 136 personas migrantes fueron víctimas de algún delito en el país, 406 mujeres y 145 niñas, niños y adolescentes.

También se denunció que durante años, sobre todo desde el momento en que la migración por la frontera sur se hizo masiva, aumentaron las muertes de migrantes  y las acusaciones de violaciones a los derechos humanos en los centros  migratorios del país.

El grupo de ayuda humanitaria  “Las Patronas”,  que desde 1990 apoya a migrantes, luego de condenar el suceso en Ciudad Juárez, demandó un alto a la criminalización en contra de las víctimas y el cese al encarcelamiento, las detenciones arbitrarias y la violencia contra las personas en movilidad.

El problema de los migrantes que atraviesan el territorio mexicano camino a los Estados Unidos es cada vez es más crítico por la cantidad no solo de personas sino de familias que bajo condiciones infrahumanas emprenden el viaje; pero no es la retención con encarcelamiento o persecución la mejor solución.

Es condenable que en la pretendida solución al problema, México se encuentre solo y que los gobiernos expulsores no asuman su responsabilidad de implementar programas de desarrollo para bienestar de sus pobladores, a pesar del llamado y ayuda que ha ofrecido el Presidente de México a países de Centroamérica

Ni qué decir del gobierno de los  Estados Unidos que prefiere destinar miles de millones de dólares para la guerra de Ucrania que invertir en los países más pobres de AL.

El problema para México es cada día mayor. Especialistas indican que los migrantes que pretenden atravesar México son de casi de todos los países de Latinoamérica y del Caribe, y de aproximadamente la mitad de los africanos.

Por fin una buena noticia: hace unos días, el sacerdote Alejandro Solalinde, Coordinador Pastoral de Movilidad Humana del Pacífico  Sur del Episcopado Mexicano, al término de una reunión con el presidente López Obrador anunció la desaparición del INM y adelantó la integración de una Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería.

También aseguró que en la nueva coordinación participarán personas de muy amplios sectores, cónsules y embajadores de países centroamericanos, representantes de la Academia, de la CNDH-Conapred, de las secretarias de Educación, Salud y Trabajo. Esperemos que se tome en serio la crisis humanitaria de la migración forzada.