Cartas del trópico

La nueva refinería dentro del estado de derecho

Juan de la Cruz

Desde el periodo de campaña electoral el hoy presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, toco el asunto de la reforma energética a la que tacho de fallida.

Entre las propuestas para revertir los impactos de la dependencia energética de México, AMLO mencionaba la reactivación de las seis refinerías abandonadas por el actual gobierno federal y la construcción de una nueva, misma que estaría en Paraíso Tabasco.

Es de todos conocido los resultados del 1 de julio y la presentación de un programa más acabado de lo que será la política energética en la próxima administración federal.

En el programa presentado ya se incluyen con tiempos y costos la rehabilitación de las seis refinerías existentes, el incremento de la extracción petrolera y la construcción de una nueva  que se levantara en suelos del municipio de Paraíso.

Ante el anuncio diversos actores se han adelantado para cuestionar una obra que aún no comienza.

Se ha hablado de que solo traerá muerte y destrucción para Tabasco. Que no se debería permitir su construcción.

En el otro extremo están quienes aseguran que la obra traerá miles de empleos y otros beneficios a la entidad, incluso hay quienes ya señalan el inicio de la obra, que se está despalmando una extensa área cerca de la costa en Paraíso, misma que albergara a la factoría petrolera.

Nada más lejos. Ni una ni otra posición adelantada tiene lugar en estos momentos ante los mecanismos vigentes para este tipo de proyectos. Salvo el que será un detonador de empleos en la región.

Hay que recordar que este proyecto debe pasar por un proceso de evaluación por la autoridad competente, en este caso la Agencia de Seguridad, energía y medio ambiente en materia del sector hidrocarburo, mejor conocida como ASEA.

Sera esta agencia quien se encargue de publicitar el proyecto en su órgano de difusión semanal.

Una vez publicada en su gaceta, electrónica hasta este momento, cualquier ciudadano del lugar podrá solicitar una consulta pública y reunión publica de información con la finalidad de que sean las personas encargadas de la realización del proyecto quienes expliquen los alcances de la obra, las previsiones ambientales que están tomando para evitar daños, así como las acciones consideradas ante alguna eventualidad.

Cualquier persona podrá opinar y proponer mejoras del proyecto y estas deberán ser integradas al resolutivo que emita la autoridad evaluadora.

Dada la magnitud del proyecto de una refinería no es algo que se hará en secreto y en contra de las comunidades.

Hay mecanismos existentes que el nuevo gobierno federal debe respetar y aplicar.

Adicional, al tratarse de un proyecto de índole petrolero la evaluación de impacto ambiental debe ir acompañado de una evaluación de carácter social. En ella se debe considerar las modificaciones sociales que pueda tener la obra.

Con esto las voces que señalan que se detenga la refinería o que solo traerá contaminación se quedan sin elementos.

La legislación ambiental abre la puerta a la participación ciudadana que debe sumarse a la posición que el paisano ha señalado: dialogo y más dialogo. Nada de imposición.

Caso similar está ocurriendo con la propuesta de lo que será el tren maya sobre la que ya se han alzado algunas voces, a favor y en contra. Casi todas adelantadas y con pocos fundamentos ya que la obra, al igual que la refinería, deben cumplir con la legislación ambiental existente, que como ya vimos, abre espacio a la participación de la sociedad en los cinco estados por donde pasara.

Nadie por encima de la ley ha dicho el tabasqueño en infinidades de veces. Estos proyectos no serán la excepción.