Caso Elba Esther: detalles, justicia maleducada y futuro posible

El diablo está en los detalles. Si analizamos casos jurídicos complejos en México, no hay duda que los detalles importan en grado superlativo. Según periodistas que han tenido acceso al expediente de Elba Esther Gordillo, un efecto retroactivo de la ley “por violación al debido proceso” causó su liberación. El caso es un elefante en la sala del actual sexenio. Fueron 5 años, 5 meses y 11 días de encierro, acusada la polémica maestra por operaciones con recursos ilícitos, lavado de dinero y delincuencia organizada.

El detalle clave: la Procuraduría General de la República (PGR) utilizó información financiera de instituciones bancarias y datos fiscales de la Secretaría de Hacienda. Esto, con la modificación a la ley, sólo se puede hacer con autorización de un juez.

La sentencia para el caso Elba Esther tomó en cuenta el desaseo procedimental de la PGR, aunque para el tiempo de esa acción penal (febrero de 2013) la ley no obligaba a la PGR a solicitar la autorización de un juez. Un argumento similar se había aplicado en el caso de la francesa Florence Cassez (sexenio de Felipe Calderón), acusada de secuestro y liberada finalmente por “violaciones al debido proceso”, luego de varios años de litigio.

Otro detalle de debilidad jurídica fue que nadie del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se querelló con Elba Esther por abuso de confianza, estafa, uso indebido de recursos o cosa semejante. Elba Esther se dijo traicionada pero, visto lo anterior, no fue por chivatazos de sus allegados.

Ahora se habla en la prensa nacional de una reactivación del caso de Javier Duarte, exgobernador veracruzano procesado por delitos similares a los de Elba Esther. ¿El diablo está en los detalles? Sí, porque la impunidad política surge del desaseo jurídico. La aplicación de la justicia en México requiere una transformación a fondo. De otro modo, la violación al debido proceso seguirá siendo el argumento central de los abogados defensores. Y en casos jurídicos de resonancia política, la tabla de salvación. Hasta ahora, el aparato de justicia no se lleva con la política. Observadores suspicaces suponen “errores intencionales” en la PGR (estrategias que fingen ineptitud) para facilitar la libertad a última hora. Esto como parte de un acuerdo político. Por eso importa el cambio en las formas de la justicia mexicana. Reto formidable para el nuevo gobierno de la república.                                    

MANO SEP Y AUTONOMÍA SINDICAL

Los delitos penales que la PGR le fincó en febrero de 2013 a Elba Esther Gordillo, pudieron llevar más peso si desde el gobierno federal se hubiera involucrado a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que entregó mil 900 millones de pesos a la entonces dirigente nacional del SNTE. La decisión final fue no involucrar a la SEP. Con ello, el gobierno federal maquilló su rasguñado prestigio, pero la acusación contra la autodenominada ‘guerrera de la educación’ no tuvo solidez.

En diferentes entrevistas, cuando se le preguntaba a Elba Esther por su responsabilidad (y la del SNTE) ante las deficiencias educativas, siempre reviró: “esa pregunta es para la Secretaría de Educación Pública. Los responsables formales de la rectoría de la educación en México, despachan en la SEP”. Respuesta inatacable desde el ángulo de la responsabilidad formal e institucional. Respuesta insuficiente desde el ángulo de la realidad política (el poder del SNTE tenía algo que aportar) y la cuestión ética que rodea al sindicalismo magisterial: esa autonomía debe convivir con la responsabilidad social y el compromiso educativo. Es un misterio rampante que los sindicatos no sean sujetos de auditoría. No se pueden supervisar sus cuentas por un ente externo. Se esgrime la autonomía sindical como conquista obrera. Es argumento atendible, si se trata de la independencia de los sindicatos y la libertad de asociación que consagra la Constitución. Pero ese argumento se convierte a menudo en derecho de pernada y opacidad aprovechada por  líderes sindicales. Y no se traduce en beneficios para los trabajadores, hay que decirlo.                     

Elba Esther, quien logró un nombramiento vitalicio en el SNTE, afirma que se debe a los maestros de México, pero no ha dicho cuánto debe por los lujos de su tren de vida: 100 mil dólares al mes en gastos.

PESO Y CONTRAPESO

Analistas como Macario Schettino, Carlos Puig y Leo Zuckerman, se  preguntan por la funcionalidad política de Elba Esther en el sexenio de MORENA y AMLO. La cercanía de operadores políticos del SNTE con MORENA desde la elección de Edomex  (2017) obliga a la pregunta. También, la beligerancia que asume la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). AMLO, con olfato pragmático electoral, se situó cerca de ambas agrupaciones magisteriales. Ahora tiene un  problema potencial de gobernabilidad. Lo puede atender, con pinzas, si ubica al SNTE como contrapeso de la CNTE. Juan Díaz, dirigente nacional del SNTE, apoyó la reforma educativa de Peña Nieto. La gente de Elba Esther puede jugar un papel significativo en esta historia. Su liberación plantea insinuaciones políticas inevitables. AMLO afirmó delante de Peña que la actual reforma educativa será cambiada. Se anticipan jaloneos magisteriales.