Los Centros Integradores fueron parte fundamental de las dos estrategias que se aplicaron en la entidad para promover el desarrollo social durante el gobierno de Enrique González Pedrero. Por un lado, sirvieron como marco de referencia para ubicar geográficamente las principales inversiones estatales y para orientar la prestación de los servicios públicos; por otra parte, evidenciaron el inquebrantable propósito de trabajar sobre la base de una participación social cada vez más amplia y comprometida con su propio devenir.

Estas dos consideraciones permiten entender el desarrollo de los CI y comprender que su éxito fue directamente proporcional a la participación; la sociedad civil se organizó y fue motor generador del bienestar colectivo a partir del aumento de los recursos materiales y la prestación de más servicios a la comunidad otorgados por el gobierno estatal, a lo que se sumó el aporte de recursos federales y la concurrencia de las administraciones municipales con una importante cantidad de recursos económicos para el desarrollo comunitario.

Tres factores se tomaron como aspectos de relevancia: población, territorio y producción. Se consideraron poblados que contaban con mayor infraestructura y que, por su ubicación, eran los centros naturales de atracción de habitantes cercanos. Influyeron las comunicaciones que ya existían y los caminos que se habían ido construyendo, pues de ellos dependía la posibilidad real de la integración. El tamaño de cada centro, así como la población asentada en ellos y en su área de influencia, sirvieron de base para proponer la cantidad de los servicios para cada uno de ellos.

La población no fue vista como un actor de su propio devenir. Se respetaron los aspectos culturales, así como las costumbres de las comunidades; se vigiló que en su desarrollo los centros fueran consecuencia de la voluntad mayoritaria y no producto de derivaciones técnicas. Cuando se dio el caso de que la descripción del territorio y de la infraestructura conducían a otro lugar como el idóneo y no aquél a donde la población consideraba realmente su área integradora, se respetó esta preferencia cultural, partiendo del hecho de que ese criterio tenía más peso que otro planteamiento.

En lo relativo a la producción, se decidió que cada centro integrador definiera sus áreas de trabajo y su ruta de navegación, sin apartarse del método originalmente dispuesto. Se tomaron en cuenta la ocupación de los habitantes y las potencialidades que pudieran explotarse en el futuro y las relaciones comerciales que paulatinamente se han generado entre ellos. Hubo un ejercicio de planeación prospectiva que hoy hace posible rescatar a estos centros y hacerlos parte del proyecto orientado a ofrecer a los adultos educación permanente.

La definición de los 185 centros integradores se dio a partir corroborar que en ellos vivían por lo menos 280,000 tabasqueños que representaban más del 20 por ciento de la población asentada en ese momento en la entidad y de que en sus áreas de influencia vivían otras 800,000 personas. Se establecieron criterios mínimos indispensables para que los centros se pudieran constituir en verdaderos puntos de encuentro, entre ellos, contar con:

Agua potable y drenaje, con la tecnología apropiada; Energía eléctrica y con ella alumbrado público; Camino de acceso en buen estado, ya sea de terracería, revestido o pavimentado; Servicio de pasajeros hacia otras localidades; Servicio de radiotelefonía o telefonía rural; Un edificio público donde fuera posible la reunión de la comunidad y de la Unidad Integradora Comunitaria; Trazo urbano, con calles y banquetas; Servicios de asistencia técnica para la producción agropecuaria; Un espacio que permitiera el intercambio comercial, y otro para procesar los productos locales; Servicios de salud; Servicios de educación básica; Un parque central y espacios recreativos y, Servicios culturales.

Los 185 centros integradores establecidos contaban en 1987 con acceso carretero, servicios de educación, de salud y de electrificación adecuados a la demanda real. Existían sistemas de agua potable en 147, de drenaje en 64, alumbrado público en 152; de telefonía rural en 146 y había 153 tiendas rurales y 26 rastros.

Se concibieron como ariete propulsor del desarrollo integral y como pilar del fortalecimiento municipal que se basaba, a su vez, en un proceso coherente de organización administrativa, de uso programático de los recursos financieros y de un sistema democrático de participación comunitaria, elementos, todos ellos, que encuentran su lógica jurídica y base aplicativa en la Ley Estatal de Planeación, en el Plan Estatal de Desarrollo 1983-1988 y en la Ley Orgánica Municipal.

El 14 de diciembre de 1986, al rendir su IV Informe de Gobierno, Enrique González Pedrero expresó: “(…) en todos los centros integradores, la organización ha comenzado a rendir sus primeros frutos. Los delegados están asumiendo, en forma paulatina, el papel de coordinadores de los diferentes comités de base que ya funcionan en cada centro, para decidir, entre todos, el destino de su comunidad. De esa manera, en lo que hemos llamado Unidades Integradoras Comunitarias, las sociedades de padres de familia, los ejidos, los comités de salud, los comités de educación, los comités de electrificación y todas las múltiples pequeñas organizaciones que existen en cada centro integrador, están trabajando juntas para identificar las necesidades reales de la comunidad, para proponer a los ayuntamientos los programas de atención a esas necesidades y para ofrecer su propio trabajo en favor de la democracia municipal”.

A los CI no hay que ponderarlos más allá de su valor real. No fueron panacea para todos los males, pero demostraron ser la mejor opción para generar desarrollo integral, en un estado con población y comunidades tan dispersas como el nuestro. Ese método despertó el espíritu solidario y promovió una alta y corresponsable participación social. Fueron el resultado de un proceso que rescató un factor de organización que, por sustentarse en un método democrático de participación, pudo contribuir que los municipios operaran de manera más libre, autónoma y democrática.

Con palabras de Enrique González Pedrero se resume lo anterior: “La labor que apenas se ha iniciado con las unidades integradoras comunitarias no terminará con la formulación de un programa de inversiones derivado de sus planteamientos. Será necesario trabajar mucho más para seguir ganando la confianza del pueblo y abrirle los cauces a su capacidad de transformación dentro del amplio margen de la ley. Será una tarea cotidiana que no estará exenta de apremios y dificultades. Pero el esfuerzo que se haga para consolidar la democracia como forma de vida, tendrá su mejor retribución en la construcción de un Tabasco mejor.”