La historia de Dorian refleja un vacío legal que urge atender: la obesidad

como causa de discriminación.

Dorian soñaba con trabajar en una guardería. Tenía la preparación, la vocación

y la paciencia para cuidar de la infancia. Sin embargo, al momento de la

entrevista, no fueron sus capacidades las que se evaluaron, sino su cuerpo.

Su obesidad bastó para que no lo aceptaran.

Tiempo después, se postuló en una empresa privada. Su hoja de vida cumplía

todos los requisitos e incluso destacaba por su experiencia previa. Pero otra

vez el veredicto estuvo dictado de antemano: su peso fue considerado un

obstáculo, como si lo profesional quedara eclipsado por la apariencia.

Historias como la de Dorian no son aisladas. La discriminación por obesidad

es una realidad silenciosa que atraviesa espacios laborales, médicos y

sociales. En el trabajo, se disfraza de "imagen corporativa" o de "falta de

condición física", cuando en realidad es un sesgo estético que margina y

vulnera derechos.

Las consecuencias son profundas: exclusión, pérdida de oportunidades,

deterioro de la autoestima y hasta afectaciones en la salud mental. En un país

donde la Constitución y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación (LFPELD) prohíben toda distinción que anule derechos, esta

forma de rechazo sigue pasando desapercibida, como si el peso pudiera medir

la valía de una persona.

De acuerdo con el CONAPRED, cerca del 20% de las quejas por discriminación en los últimos años se relacionan con apariencia física y peso corporal. El dato confirma que no se trata de hechos aislados, sino de un problema estructural.

Lo preocupante es que aquí se vulnera directamente el derecho a la igualdad

de oportunidades que la ley reconoce a toda persona. El artículo 1º

constitucional prohíbe toda discriminación motivada por condiciones de

salud, entre otras causas, y bajo esa cláusula abierta la obesidad debería estar

comprendida. Sin embargo, la legislación mexicana guarda silencio: no existe

aún una norma específica que reconozca y sancione la discriminación por

obesidad en el ámbito laboral.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la igualdad y la no discriminación deben interpretarse de manera extensiva para proteger a

grupos en situación de vulnerabilidad, incluso si no están enumerados de

forma expresa. Negarle un empleo a alguien por su peso es, entonces, una

forma indirecta de discriminación contraria a la Constitución y a los tratados

internacionales suscritos por México.

El talento, la disciplina y la ética profesional no tienen talla. Es momento de

que el Congreso legisle para cerrar este vacío y de que las empresas asuman

prácticas incluyentes que valoren a las personas por sus capacidades y no por

su peso. Porque, al final, detrás de cada historia como la de Dorian, hay un

derecho vulnerado que no puede seguir esperando  (*Abogada y Escritora)