Consulta ciudadana: juicio político a expresidentes

Desterrar las profundas y extensas raíces de la corrupción en México no es tarea fácil. Desde que tengo memoria los gobiernos emanados del PRI y del PAN no solo simularon combatir la corrupción, sino que la alentaron promoviendo redes cada vez más sofisticadas, utilizando chivos expiatorios para engañar al pueblo y fortaleciendo la impunidad.

Se creó la Contaduría Mayor de Hacienda, antecedente del Órgano Superior de la Federación, institución técnica de la Cámara de diputados encargada de la revisión de la cuenta pública del gobierno federal, y posteriormente la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, ahora Secretaría de la Función Pública, institución de autocontrol para combatir la corrupción.

Dichas instituciones se replicaron en todos los estados, pero la tendencia creciente de la corrupción siguió su ruta, sobre todo con las privatizaciones y el “capitalismo de cuates” engendrados por el neoliberalismo. Así las poderosas élites económicas y la clase política en el gobierno hicieron su agosto.

No en vano el presidente AMLO, en su solicitud de la consulta pública para enjuiciar a los expresidentes, asegura que “el neoliberalismo gobernante se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas, en decenas de miles de desapariciones, en la conculcación de derechos políticos y sociales, en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la marginación, la informalidad y la descomposición social en el deterioro sostenido de los sistemas públicos de salud y educación; en la desprotección de millones de jóvenes y adultos mayores; en el acoso depredador en contra de las comunidades indígenas, en un pronunciado deterioro de las instituciones; en la pérdida de soberanía, y en la devastación de las industrias petrolera y eléctrica”.

¿Qué hicieron los más de 650 intelectuales, académicos y periodistas que hoy exigen libertad de expresión ante todas estas atrocidades? La mayoría trató de justificarlas efectuando sólo críticas superficiales, sin tocar las graves contradicciones del modelo. Su influencia en la opinión pública y el arte de la manipulación de masas fueron bien recompensadas. Servir al poder político y económico tiene sus privilegios.

Ahora se siente con la capacidad moral de defender la libertad de expresión ante supuestas censuras del presidente AMLO a ciertos medios de comunicación y a la sarta de opinadores que han utilizado esa libertad para beneficio propio. Ya no recuerdan el lamentable papel que jugaron, y siguen jugando, para preservar un sistema político y económico que ha generado tantas y tan profundas desigualdades sociales. Tampoco recuerdan su actitud beligerante en contra de uno de los principales opositores al neoliberalismo.

Hoy que el combate a la corrupción va en serio se sienten ofendidos porque les pega a sus bolsillos. La propia consulta ciudadana para llevar a juicio a los expresidentes pone al descubierto sus querencias.  

La pregunta que propone el Presidente AMLO para esta consulta es: “¿Está de acuerdo o no, con que las autoridades competentes investiguen y, en su caso, sancionen la comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus gestiones?”.

Prácticamente desde 1968, con el movimiento estudiantil, los presidentes del país empezaron a sentir el peso de una creciente inconformidad social, pero como eran intocables debido a que solo se les podía enjuiciar por traición a la patria, les tenía sin cuidad. Esta especie de inmunidad legal, reafirmada con el fuero, abrió las puertas a todo un andamiaje legal, político y mediático, para alentar la corrupción institucional en todos sus niveles.

Por eso, con la 4T se aprobó que el Presidente y los integrantes del Congreso de la Unión puedan ser juzgados por delitos electorales, corrupción, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas. Además, recién se eliminó (o limitó) el fuero al Presidente.

La solicitud de la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes está en manos de Suprema Corte de Justicia de la Nación, amparada con más de 2 millones 500 mil firmas. No obstante, esta consulta constituye ya un juicio político para exhibir la desbordante corrupción e impunidad que priva en el país, a efecto de que la ciudadanía tome conciencia del enorme daño que ha ocasionado al tejido social, a la economía y al medio ambiente, y actúe en consecuencia exigiendo cuentas claras a los gobernantes. Quizá algunos expresidentes la libren, pero lo importante es que todos sepan que ser corrupto tiene graves sanciones, en especial los que ahora administran los recursos públicos.

Los intelectuales y periodistas tienen la libertad de expresar que esto solo se trata de un circo, persecución política o venganza personal, como la han tenido para descalificar y hasta ofender al Presidente AMLO. Allá ellos y su conciencia histórica.