OPINIÓN

ESCALA CRÍTICA

Consulta sobre ex presidentes: la pelota en terrenos de la Corte, contra la pared
21/09/2020

LA SUPREMA Corte tiene 20 días hábiles para resolver sobre la solicitud de consulta popular para enjuiciar a cinco ex presidentes de la República. Oficialmente atenderá la petición enviada por el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, aunque también se entregaron más de 2 millones 500 mil firmas de ciudadanos para el mismo propósito; firmas que ya  no fueron validadas. El trámite que atenderán los magistrados es el presentado por AMLO el 15 de septiembre.

Mientras se discute si es o no correcto que el propuesto enjuiciamiento a los ex presidentes se someta a consulta popular, serán los magistrados de la Corte quienes decidan –primero- si la pregunta y la materia es o no constitucional.

Como en 2014, ahora la Corte recibió cuatro solicitudes de revisión de la consulta popular. Recordemos que en aquel año, cuando López Obrador pidió por la vía de Morena un plebiscito por la reforma energética (concesiones del petróleo a inversionistas privados), al mismo tiempo el PRD planteó una sobre reformas constitucionales, el PAN sobre salarios mínimos y el PRI sobre la eliminación de plurinominales. Todas fueron rechazadas en lo que se interpretó como una jugada para dejar fuera la consulta sobre las concesiones petroleras.

JURÍDICA, NO; POLÍTICA, SÍ

EN ESTA ocasión, son cuatro solicitudes: tres concernientes al juicio contra expresidente (aunque solo una cumplió los requisitos legales) y otra, del PAN sobre el ingreso básico universal (una bandera que fue de izquierda, como la del salario mínimo). Resulta interesante que el PRI no haya recurrido a la estrategia del 2014, porque no presentó ninguna solicitud que permitiría a la Corte rechazar en bloque cuando fijó criterios que restringen esta forma de participación ciudadana.

Aunque en el Artículo 40 de la Constitución Federal se establecen los asuntos que no pueden ser objeto de consulta popular y no está entre ellos la cuestión de los Presidentes o ex Presidentes, en el Artículo 14 constitucional se expresa: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Casi es previsible que los magistrados decidan –no se requiere mucha ciencia- que ningún juicio puede ser aplicado por votación mayoritaria y sólo es posible aplicar lo que la ley expresamente indica.

No solamente comprendo sino que comparto, como millones de mexicanos, la repulsa hacia actos arbitrarios (que la ley les permitió), e ilegales (que la complicidad y la impunidad propició), pero quizá adelantándose a la decisión de la Corte, el presidente López Obrador anunció que si se realiza la consulta para enjuiciar a ex mandatarios federales  "votaría en contra y lo argumentaría porque tenemos que ver hacia adelante" (6 de febrero de 2020).

"Sí es importante el castigo, pero lo más importante, en un país como el nuestro donde ha imperado la corrupción, lo más importante es estigmatizarla", dijo en Manzanillo, Colima. Es, pues, el objetivo: estigmatizar la corrupción, marcar, señalar, desacreditar.

PERDONAR, PERO NO OLVIDAR

COMO parte de este proceso, aunque para el ciudadano común parezca contradictorio pero es complementario, Pablo Gómez, diputado de Morena y uno de los más identificados con la izquierda, presentó el mismo 15 de septiembre (cuando AMLO enviaba su solicitud de consulta popular), una iniciativa de ley de amnistía para los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, mismos que están incluidos en la petición de enjuiciamiento.

La propuesta de Pablo Gómez es otra consulta, ya que –sostuvo- si la Suprema Corte declara que no es válida la solicitud de AMLO, entonces procedería preguntarle al pueblo sobre la posible aprobación de una ley. "Ahí no se viola nada", argumentó.

De acuerdo al legislador, se puede someter a votación ciudadana la siguiente pregunta: "¿Está dispuesto el pueblo de México a perdonar a los ex presidentes los delitos en los que pudieron incurrir durante su mandato?" y abundó: "Es nuestro deber preguntar. Si la decisión mayoritaria fuera por el sí, el Poder Legislativo estaría obligado a expedir la ley y el Poder Ejecutivo tendría que promulgarla. Si fuera no, la cámara de origen tendría que desechar la iniciativa, y tendríamos una especie de ley de no olvido".

Conforme a la Ley vigente, en el remoto caso de que se aceptara la consulta popular ésta no sería en las elecciones de junio de 2021 sino el primer domingo de agosto del año próximo...al tiempo que está prevista otra consulta para la revocación o ratificación del mandato para marzo de 2022.

El tema, de complejas aristas legales, tiene en realidad una finalidad política.

AL MARGEN

HASTA el fin de semana pasado el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 100 candidaturas y no 71, para la renovación de la dirigencia de Morena, después de que el Tribunal Electoral le ordenó registrar a quienes con "documentos diversos" acreditaran su afiliación a Morena. ¿Seguirá el mismo procedimiento para quienes impugnen no ser tomados en cuenta en las encuestas? Recordemos que el criterio para estar en la muestra seleccionada es ser "militante" o simpatizante de esa coalición.

Por ahora, si no hay un nuevo llamado de atención por parte del TEPJF, 47 quedaron inscritos para buscar la presidencia y 53 la Secretaría General. Otro reto que deberán resolver en el INE es garantizar –sin impugnaciones- la paridad de género; esto es, que haya igual número de hombres y mujeres en los cargos en disputa.

El INE está obligado a publicar la lista completa de los y las aspirantes.  (vmsamano@hotmail.com)




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