Contra la corrupción, no se hagan bolas

Como era de esperarse, la integración del Sistema Nacional Anticorrupción y sus correspondientes capítulos estatales, no ha estado exento de polémica, desacuerdos y hasta descalificaciones. El principal impugnador a nivel nacional, junto a sus pares estatales, ha sido el sindicato patronal Coparmex; inclusive promueve a sus miembros para que encabecen esta nueva instancia de supervisión contra las malas prácticas que por cierto no son sólo del gobierno y de los ciudadanos de a pie, sino también ocurre entre los empresarios.

El caso es que todo indica que estamos ya en un momento en que los asuntos de combate a la corrupción se tomarán en serio. Esperemos. Existe un ánimo social exacerbado en extremo contra el saqueo y malo manejo de los recursos públicos. La exhibición de los procesos contra Javier Duarte, Roberto Borge, Rodrigo Medina, Andrés Granier y tantos otros va de la mano con los abusos de personas tan impresentables como Carlos Romero Deschamps, así como aquellos que “por la vía legal” se benefician de la información privilegiada que tuvieron o tienen desde organismos como Pemex y la CFE. En este mismo contexto habrá que ubicar las tragedias como las del Paso Express hacia Morelos, la expansión de la narcopolítica en Tláhuac y en muchas plazas más, o el abuso de integrantes del Poder Judicial de la Nación donde más de 500 jueces han colocado indebidamente en puestos de trabajo a hijos, parejas, papás, sobrinos, suegras, etcétera.

No hay duda que la corrupción y su combate está en la agenda pública. Y todo indica que será uno de los temas centrales en las campañas políticas que están por empezar oficialmente.

A nivel nacional ya se instaló el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con su consejo ciudadano, faltando sólo la designación del Fiscal Anticorrupción que por mandato constitucional lo deberá designar el Fiscal General. Sin embargo, al no existir la figura de fiscal en el país porque sigue despachando un Procurador General, el zar anticorrupción lo nombrará por esta púnica vez el Senado de la República.

En Tabasco, el diputado Juan Manuel Fócil se sumó al debate para que el nombramiento del fiscal del Sistema Estatal Anticorrupción pudiera ser sometido a consulta pública. Sin embargo reconoció que la ley que el mismo votó, al igual que la mayoría de su partido (PRD) y otras fracciones, establece que la designación corresponde al Fiscal General, en este caso Fernando Valenzuela Pernas, sometido a una validación del propio Congreso. Es necesario recordar que de acuerdo a la Constitución Mexicana –y la local no puede más que reflejar el mismo criterio-, el fiscal anticorrupción debe ser nombrado por el fiscal general.  

El diputado José Antonio de la Vega, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Legislativo, anunció que la semana próxima se emitirá la convocatoria para iniciar el proceso de integración del Comité Ciudadano que será el “enlace” entre la fiscalía especializada y la sociedad civil; este Comité –que podría estar ya designado el 13 de septiembre- verificará que las denuncias presentadas en contra de funcionarios sigan su cauce legal.

Aunque es el tema del Fiscal Anticorrupción el que ha concentrado el debate hasta ahora, en el caso del fiscal nacional cabe mencionar que los comités ciudadanos señalaron que el SNA puede funcionar con el comité ciudadano, porque ya existe una instancia judicial. Dijo Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE): “El sistema no va a colapsar, ya se pueden presentar denuncias contra corruptos con las estructuras existentes. No son las idóneas, ni suficientes pero hay condiciones de ejercicio de acción penal y de persecución de los delitos. En la PGR hay una subprocuraduría para la atención de delitos de servidores públicos”. Lo mismo podría decirse en los estados. No debe haber pretextos para no comenzar a prevenir los actos corruptos. Pero, insisto, el riesgo no está sólo en las instancias oficiales sino también entre la población y los empresarios.